Las cajas se replantean pedir ayudas públicas

Tardó más de un año en ver la luz. Y la espera no ha merecido la pena para casi nadie. Las ayudas que ofrece el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han llegado con mucho retraso y con un coste tan elevado que las cajas que lo necesitan apenas pueden pagarlo. Al final, los fondos que deberían ayudar a salvar a las cajas con problemas pueden acabar por ser su verdugo.

La Comisión Europea impuso que las ayudas públicas españolas deberán reintegrarse con un tipo de interés del 7,75% el primer año. Ese precio irá subiendo paulatinamente, hasta alcanzar el 8,35% el quinto año, que es el plazo normal de devolución. Eso supone que sólo el tipo de interés de estas ayudas se comerá, de media, dos años de beneficios de las cajas que las soliciten, según las cifras conocidas hasta ahora. Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona anunciaron su intención de solicitar 1.315 millones de euros. Esto supone que sólo los intereses les costarán 529,3 millones en cinco años. Esa cifra es superior a dos años de beneficios de estas tres cajas, si se toman como referencia las ganancias de 2008, un ejercicio considerado normal (de cualquier modo, mucho mejor que el de 2009 y, previsiblemente, el de 2010).

Las cajas temen ser intervenidas si en 5 años no pueden pagar las ayudas

En el caso de los proyectos de fusión de Caja Duero y Caja España, y de Caixa Sabadell, Terrassa, Girona y Manlleu, la situación es bastante similar. Los intereses se comen prácticamente dos años de beneficios. Y eso si pagan en cinco años las ayudas solicitadas. Si lo hacen en siete años (existe la opción, aunque cada año extra se penaliza con un punto de interés adicional), el coste equivale a casi tres años de ganancias. Y, además, existe una penalización extra de dos puntos si las entidades beneficiarias incumplen algunas de las exigencias de la Comisión Europea, que obliga a ajustar la retribución de los directivos y no permite comprar otras entidades ni dedicar a obra social más del 30% de los beneficios.

Traducido a cifras absolutas, estos significa que las tres nuevas cajas resultantes de los proyectos de fusión tendrían que pagar casi 1.000 millones de euros en intereses en cinco años. Si alargan el plazo y además incumplen las exigencias adicionales, la factura total puede llegar a superar los 1.700 millones, es decir, más de tres años de beneficios.

Otra incógnita es si se podrán hacer las fusiones antes de junio

Fuentes del sector financiero aseguran que el elevado coste del FROB está frenando la petición de las ayudas, sobre todo porque existe la amenaza de que la entidad sea intervenida si cumplido el plazo de cinco años no es capaz de devolver el dinero recibido. Todas las cajas, aseguran en el sector, están haciendo números desde que se anunciaron estas condiciones, tanto las que han comunicado sus intenciones como las que están negociando todavía de forma confidencial las fusiones. "La gente tiene que echar sus números asegura un directivo porque es muy arriesgado para una entidad comprometer sus beneficios y tener que presentar pérdidas. Reputacionalmente es durísimo".

El director de Análisis Financiero de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) y consultor de la Reserva Federal, Santiago Carbó, cree que "cada entidad tendrá que evaluar lo que tiene para hacer frente a un año malo en lo bancario (2010) y en lo económico, y si ve que está muy limitada, tendrá que plantearse si pedir la ayuda o no". A su juicio, los fondos públicos son caros ("como debe ser, teniendo en cuenta que es dinero de los contribuyentes") y eso obligará a muchas entidades a hacer un proceso de reestructuración mayor, con más cierres de oficinas y recorte de personal, y les impulsará a intentar ser más eficientes. Incluso tendrán que hacer fusiones más grandes de las planteadas.

Ya hay cajas, aseguran en el sector, que están buscando otras fórmulas alternativas al FROB para encontrar capital. No hay muchas posibilidades. La más viable que se plantea en estos momentos es la emisión de participaciones preferentes para que las adquieran inversores privados, en lugar del FROB. De esta forma, podrían conseguir precios algo más baratos y tendrían que cumplir menos exigencias. El problema es que ya hay cajas que han llegado a su límite de emisiones y, además, en el mercado no existe demasiada confianza en las cajas que consideran que tienen dificultades o son de un tamaño demasiado pequeño.

El otro gran dilema que se plantea con el fondo de rescate es el límite de plazo impuesto para dar las ayudas: el próximo junio. Quedan menos de cinco meses para reestructurar un sector en el que ha habido muchas conversaciones pero pocos movimientos en firme en el último año y medio.

En este punto hay opiniones para todos los gustos. Los hay que creen que es tiempo más que suficiente y otros que no lo ven de ninguna manera porque hay demasiados trámites burocráticos que cumplir para hacer una fusión. El proceso ha ido tan lento en los últimos meses que fuentes del sector financiero aseguran que ha sido el propio Gobierno, a petición del Banco de España, el que ha convencido a la Comisión Europea para poner este plazo límite para acelerar las uniones, demasiado trabadas por los intereses políticos de las comunidades autónomas. Según Santiago Carbó, "si se pone voluntad, dará tiempo".

Los ejecutivos bancarios han coincidido en las últimas semanas en pedir que el proceso se concrete cuanto antes.

El fondo de rescate está dotado con 9.000 millones, pero podría llegar a los 90.000 millones. Fuentes financieras aseguran que los 9.000 millones serán más que suficientes, entre otras cosas porque las ayudas son demasiado caras y, en varios casos, habrá que recurrir a otras opciones para salir adelante.