Este artículo se publicó hace 16 años.
Camacho llega al recinto de la Audiencia Nacional, donde le notificarán la sentencia
El dueño de la agencia de valores Gescartera y principal imputado en el caso, Antonio Camacho, llegó hoy a las 10.45 al recinto de la Casa de Campo donde el tribunal de la Audiencia Nacional tenía previsto leer de forma pública la sentencia a partir de las 11.00.
Camacho, que quiso esperar a conocer la sentencia antes de hacer declaraciones, llegó en compañía de su abogado Miguel Bajo y sin la presencia de su mujer, Laura García-Morey, a la que el Fiscal retiró los cargos al presentar el escrito de acusaciones.
El Fiscal Anticorrupción le imputa un delito de apropiación indebida y otro de falsedad documental, por los que pide un total de 11 años de prisión. De la que sentencia que hoy leerá la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por Carmen Paloma González, sólo ha trascendido que tiene más de 500 folios.
Antes que Camacho llegaron al recinto la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, quien declaró tener "mucha esperanza en la justicia" y Aníbal Sardón, propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios, quien aseguró no estar nervioso y mostró su esperanza de "salir completamente absuelto".
Unos minutos después de Camacho se incorporó a la fila que daba acceso al recinto el número dos de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, quien también prefirió esperar a conocer la sentencia para mostrar sus reacciones.
Por su parte, una de las pocas afectadas que acudieron al recinto de la Audiencia Nacional en la casa de Campo, Antonia García, que perdió 26 millones de pesetas que tenía invertidos, lamentó que personas implicadas no estén imputadas pero esperó que se devuelva el dinero a los afectados.
Tras más de seis años de investigación y tres meses de sesiones de juicio oral, el caso Gescartera quedó visto para sentencia el pasado 18 de diciembre.
Durante el juicio oral declararon 14 imputados, un centenar de testigos y más de una decena de peritos, sin aclarar el destino de los 50 millones de euros que suponen el agujero patrimonial de la sociedad.
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