El dueño de Gescartera, Antonio Camacho, poseía una lista de más de cien clientes "especiales" a los que cuidaba sus inversiones con unas rentabilidades mayores o incluso minusvalías para evitar pagar impuestos o cuadrar las cuentas, como un sacerdote al que imputó 12 millones de euros en pérdidas.

Así lo indicaron hoy varios testigos que comparecieron en la Audiencia Nacional ante el tribunal que juzga este escándalo financiero que se saldó con un agujero patrimonial de más de 50 millones de euros y más de 4.000 inversores afectados.

A preguntas del fiscal, Vicente González-Mota, Alicia Gómez Serrano, antigua secretaria personal de Camacho, aseguró que el dueño de Gescartera poseía una lista con clientes a los que enviaba periódicamente el resultado de sus inversiones, aunque esta empleada en menos de un año de trabajo pidió salir de la compañía "por falta de actividad".

También esta falta de actividad se daba, según otros testigos, en el departamento de compraventa de valores, donde la decisiones sobre las inversiones las daba Camacho y había poco movimiento, pese a que las agencias de valores consiguen buena parte de su beneficio en las comisiones de custodia y corretaje.

No escapaba tampoco a esta dinámica el Consejo de Administración que, según su secretario general José Antonio García Lachica, no se reunía, salvo "contadas excepciones" y sólo acordaba "meros formalismos", no decisiones estratégicas sobre el futuro de la compañía o el dinero de los clientes.

La empleada de Gescartera Cristina Gómez García Brazales diferenció entre una lista "A" de clientes y otra base de datos denominada "B", a la que se imputaban pérdidas generalizadas y en la que se encontraba el cura de Garci-Muñoz (Cuenca), Teodoro Bonilla, que la próxima semana declarará como testigo.

Este sacerdote, el más conocido del departamento de administración de valores, tenía una relación especial con Antonio Camacho, se le endosaron supuestamente pérdidas por 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros), fruto de la operativa contable con la que se pretendía tapar la alarmante situación patrimonial de la firma bursátil.

También hoy se confirmó la existencia de una red de testaferros formada por el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil en la que se utilizaban identidades y documentación de personas que no ponían dinero, como confirmaron Ignacio Sánchez Fernández y su hija, María Elena Sánchez Cabrera, quien hubo de adelantar su declaración ante el tribunal por estar embarazada de nueve meses.

Otras de las prácticas ilógicas de Gescartera fue comprar por 300.000 euros y con el dinero de los clientes Diranet, un proyecto empresarial que fusionaba la asistencia médica con la informática, pese a no reportar ningún beneficio financiero, según el fundador de esta iniciativa Luis Criado -quien vendió la compañía en 1998-.

Entre las ausencias de testigos de hoy figuraron las de Luis Andrés de Diego Méndez, administrador único de Golden Vending, sociedad que figura como máxima accionista del restaurante en el que tiene participaciones el empresario hispano-iraní Masoud Zandi y la hija del ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Luis Ramallo.

Tampoco compareció ni el jefe de escoltas de Camacho, Israel Gómez Sánchez, ni el abogado José Francisco Jiménez Criado -propietario de la sociedad "Amerinvest SP-SL" y socio fundador del bufete "Lexway"-, a quien Camacho, según el fiscal, dio instrucciones para la constitución de varias sociedades en Estados Unidos, cuatro meses antes de la intervención de Gescartera.