La Cámara de Diputados italiana aprueba que la inmigración clandestina sea delito

La Cámara de los Diputados italiana aprobó hoy el proyecto de ley sobre seguridad que incluye, entre otras medidas, que la inmigración clandestina sea delito y el establecimiento de "rondas" ciudadanas para vigilar las calles.

El sí final de la Cámara a este proyecto de ley llegó después de la aprobación, ayer, a través de un voto de confianza, de tres enmiendas presentadas por el Gobierno sobre inmigración, criminalidad y seguridad ciudadana.

Con 297 votos a favor, 255 en contra y tres abstenciones, el proyecto de ley pasará ahora al Senado, donde en caso de ser aprobada se convertirá en ley.

La enmienda presentada por el Ejecutivo sobre inmigración y que ha sido la que ha generado mayor polémica en el país, establece, además de la tipificación de la inmigración ilegal como delito, que sea obligatorio denunciar a aquellos inmigrantes sin papeles que se encuentren en Italia.

Asimismo, se amplia hasta seis meses el periodo de retención de los indocumentados, que hasta ahora era de sesenta días.

La discusión y aprobación de este proyecto de ley ha provocado el enfrentamiento entre el partido en el Gobierno, el Pueblo de la Libertad (PDL), y el opositor Partido Demócrata (PD).

Así, el secretario del PD, Dario Franceschini, acusó al PDL de "transformar barcazas llenas de desesperados que escapan de la guerra y de la violencia en un anuncio electoral para ganar un voto de más".

Fraceschini recordó además la advertencia lanzada por algunos abogados sobre el riesgo que comporta que las inmigrantes ilegales, sin pasaporte y sin permiso de trabajo, no puedan inscribir en el censo a sus hijos, lo que implicaría que los pequeños puedan ser adoptados al no haber sido reconocidos.

Unas afirmaciones a las que el ministro del Interior, Roberto Maroni, uno de los principales impulsores de este proyecto de ley, respondió al decir que la izquierda tiene que parar de decir "tantas falsedades".

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, manifestó, por su parte, que esta ley "era necesaria" y agregó que el Gobierno no podía dejar que "la situación fuera como la que había con la izquierda, que incentivaba la inmigración clandestina. Teníamos que lanzar una señal".

En materia de criminalidad el proyecto de ley fija una serie de medidas encaminadas a la lucha contra la mafia, con el endurecimiento de penas y la introducción de la obligación de denunciar el pago del "pizzo", como se conoce al impuesto mafioso.

Por otro lado, en el ámbito de seguridad ciudadana, se introducen las llamadas "rondas" de ciudadanos, que podrán señalar a las fuerzas del orden situaciones que denoten un riesgo.