La polémica en el Reino Unido por los mosquitos comenzó en 2008. Se calcula que en el país hay instalados cerca de 3.500 dispositivos. La Oficina del Defensor del Menor británico y varias asociaciones de derechos civiles lanzaron una campaña en contra en febrero de 2008, denominada Buzz Off.

Con ella, pretendían forzar la retirada de los aparatos o, al menos, su regulación. Querían, de esta manera, hacer ver a los ayuntamientos, a la Policía y a los dueños de locales comerciales que la instalación y uso de este dispositivo afecta de manera negativa al funcionamiento de la sociedad, sobre todo, claro, a los jóvenes que lo pueden oír.

Organizaciones como Libertas denuncian la "criminalización que se hace de los más jóvenes en un momento en que las cifras de delincuencia juvenil no dejan de reducirse". Su director, Shami Chakrabarti, se preguntó: "¿Qué tipo de sociedad emplea ultrasonidos contra sus niños?".

Para Sir Al Aynsley-Green, el Defensor del Menor, el principal inconveniente radica en que se convierte a toda la juventud en un problema potencial: "Los mosquitos se utilizan indiscriminadamente contra todos los niños y gente joven, incluidos los bebés, sin tener en cuenta si su comportamiento es correcto o no".

Los voluntarios que participan en la campaña para erradicar los aparatos no han conseguido demasiados frutos. La cadena de supermercados Coop accedió en mayo de 2008 a desinstalarlos y, en julio, las autoridades del condado de Kent los retiraron de los edificios públicos.

El mayor escollo que se han encontrado es convencer de que el uso del mosquito es excesivo.

La Asociación de Pequeños Comerciantes lo apoya "como último recurso en situaciones en las que los trabajadores y los clientes se sienten intimidados por el comportamiento violento o inapropiado de los jóvenes".