En mayo pasado, cuando Francisco Camps y los otros imputados del gobierno valenciano por su relación con la trama Gürtel se presentaron ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, un grupo entusiasta de fans les había preparado un mosaico de banderitas para que se reflejara en sus forzadas sonrisas.

Ese día la televisión autonómica, Canal 9, sí que incluyó como noticia en sus informativos la comparecencia del president, pero cuidándose mucho de mencionar la palabra "imputado".

En realidad, los espectadores habituales de la cadena no entendían demasiado lo que estaba ocurriendo: Camps, su amado dirigente, el héroe cotidiano del noticiero, el hombre sin mácula, ¿ante un tribunal?

El embrollo era necesariamente morrocotudo, porque nunca en Canal 9 y "nunca" quiere decir "nunca" se había mencionado la palabra Gürtel ni nada que tuviera relación con la espesa red de corrupción que Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, habían tejido presuntamente en Valencia y en media España.Para Canal 9, todo eso nunca existió y nunca existirá.

El pasado martes, cuando el levantamiento parcial de secreto de sumario monopolizaba la actualidad informativa, Notícies 9 relegó la noticia al puesto once dedicándole 29 segundos.

Veinte años después de su nacimiento, la televisión pública valenciana está técnicamente y moralmente en bancarrota

Veinte años después de su nacimiento (sus emisiones comenzaron precisamente en octubre de 1989) la televisión pública valenciana está técnicamente y moralmente en bancarrota.

Acumula una deuda de más de mil millones de euros, pero su principal déficit no tiene que ver con el dinero, sino con el grado extremadamente denigrante a que ha llegado en su manipulación de la actualidad informativa. Visionar su programación es penetrar en un túnel de lavado donde no existe mota que ensucie los trajes perfectos del poder. Canal 9 no nació así, evidentemente.

En su primera etapa, bajo control socialista, su nivel de objetividad y la calidad de la parrilla eran razonables. Ello no impidió, sin embargo, que se viviera algún episodio sonrojante, como cuando el director del ente, Amadeu Fabregat (un excéntrico periodista que iba a su bola, aunque con la complacencia socialista), elaboró una lista de palabras "demasiado catalanas" con el propósito de prohibirlas en los informativos.

Todo lo que vino después, por desgracia, hizo bueno a Fabregat. La victoria de Eduardo Zaplana en las elecciones fue el punto de inflexión. Como acaba de denunciar CCOO en un informe-balance de la vida del ente, "desde 1995 el Gobierno de la Generalitat decidió convertir RTVV en un instrumento al servicio del PP y no del conjunto de la ciudadanía valenciana".

Comenzó entonces la caza de brujas (con el despido o el arrinconamiento de los mejores profesionales de la casa), se acentuó la castellanización de la parrilla y, en términos generales, la joven televisión comenzó a convertirse en un canal para jubilados.

Aunque su ley de creación le encomienda la promoción de la lengua y la cultura propias, Canal 9 es básicamente una televisión en castellano (cuando no en mejicano o en venezolano). Paradójicamente, sin embargo, sus únicos programas con una audiencia apreciable son los emitidos en catalán, como L alqueria blanca o las series humorísticas de la factoría de Carles Alberola.

Alberola, un reputado actor, director y escritor de teatro, siempre cuenta que, cuando ofreció su producto a los directivos de la cadena estos le advirtieron: "De todos modos, no tendrá éxito. En Canal 9 no funciona el humor en valenciano" (sic). No sólo son la voz de su amo, pues: también son profesionalmente y comercialmente incompetentes.

Comenzó una caza de brujas, se acentuó la castellanización y la joven televisión pronto comenzó a convertirse en un canal para jubilados

Con estos antecedentes, es obvio que, cuando estalló la Gürtel, nadie en su sano juicio podía esperar que Canal 9 otorgara al fenómeno un trato informativo normalizado.

Cuando arreciaron, por ejemplo, las informaciones en los medios libres a propósito de la imputación por supuesto cohecho del president, los periodistas (o lo que sean) del telediario autonómico en lugar de usar el término correspondiente en valenciano/catalán ("suborn", es decir "soborno") preferían el término en castellano ("cohecho"), quizá barruntando que su carácter técnico mantendría la inopia de la audiencia.

Significativamente, el anterior director de la cadena, Pedro García (sustituido hace poco por José López Jaraba, otro paniaguado agradecido), es uno más de los implicados en la telaraña de Correa. García deja sin explicar el misterio del coste de la cobertura de la visita del Papa a Valencia (donde también intervinieron las largas extensiones de El Bigotes) y otras menudencias que incrementaron las cuentas corrientes de la banda corrupta.

De lo que sí que pueden estar orgullosos los trabajadores de la cadena, permanentemente enfrentados a la dirección, es de haber impedido en su momento en los tribunales un intento de privatización, en la época en que el director general era Josep Vicent Villaescusa. Aunque, bien mirado, ¿qué otra cosa es Canal 9 sino una costosísima televisión privada (del PP) pagada por todos los valencianos?