Los cargos electos tienen los días contados en las cajas

Un número significativo de cajas de ahorros no tendrá más remedio que declarar pérdidas en 2010. A la banca no le pasará lo mismo y eso demuestra que algo falla en la gestión de estas entidades, y casi nadie duda de que es la falta de profesionalidad de muchos de sus gestores.

El Ejecutivo, después de haberse negado en los últimos años a hacer modificaciones en la Ley de Cajas, ha concluido que es necesario reformar su estatus jurídico y reducir el peso político en sus órganos de gobierno, aunque no cree que deba hacerse hasta la segunda mitad de 2010, una vez se hayan solucionado los problemas más urgentes que acucian al sector.

Pero una modificación de este calado debería estar vestida de un consenso con el resto de las fuerzas políticas y sociales (especialmente sindicatos) que será difícil de lograr. Por el momento, el punto en el que claramente todos coinciden, incluido el Ministerio de Economía, es en que hay que reducir la presencia de los políticos en sus órganos de gobierno y, en concreto, que los cargos públicos electos deberían desaparecer de la gestión de las cajas. No se sostiene, mantienen, que siga habiendo alcaldes o presidentes de comunidades autónomas presidiendo cajas, porque se produce un flagrante conflicto de intereses.

Fuentes de las cajas creen que sería un avance que se redujera el tope máximo del 50% que hay actualmente establecido para la presencia de poderes públicos en los consejos de administración. Ven necesario que se prohíba que los consejeros sean cargos políticos electos y reclaman que se quite a las comunidades autónomas la potestad de vetar las fusiones interregionales de cajas. Además, creen necesario hacer cambios para que las fusiones frías, tan habituales ahora, se puedan hacer sin tener que articularlas a través de un banco, como ocurre actualmente.

Para el director del departamento financiero de Funcas y consultor de la Reserva Federal de Estados Unidos, Santiago Carbó, es importante que los cargos electos desaparezcan de las cajas, aunque pide prudencia, "no vaya a ser que quitemos el tapón de la bañera para vaciarla y se nos vaya el niño por el desagüe".

Los bancos no ven fácil que se llegue a un consenso sobre la reforma

Los ejecutivos bancarios no ven nada fácil que se llegue a un consenso sobre la reforma y recuerdan que los problemas actuales no existían antes de que se modificara la Ley de Cajas implantada por Alfonso Guerra en 1987. Entonces, los consejeros no podían cobrar sueldo ni había presidentes ejecutivos; no podían estar más de ocho años en el cargo y los gobiernos regionales (los que hacen las leyes) no estaban presentes en las cajas.

UGT y CCOO se muestran especialmente combativos con la intención de dotar a las cuotas participativas (similares a las acciones de los bancos) de derechos políticos, como ha defendido el Banco de España, y piden que se aproveche la Ley de Economía Sostenible para hacer la reforma ahora sin tener que esperar a la segunda mitad de 2010.