Fausto Canales lleva 11 años buscando a su padre. En 1999 se jubiló y emprendió la investigación de su vida que lo llevó a descubrir la desagradable noticia de que los verdugos de su padre profanaron el pozo que usaron como fosa común para llevarlo en 1959 al recinto que serviría para honrar a Franco.

"En 2000 empezamos las entrevistas a los vecinos de Aldeaseca hasta que dimos en un bautizo con uno que presenció la exhumación de 1959. El rumor de que se los habían llevado corría como la pólvora en el pueblo, pero cuando hicimos la exhumación en octubre de 2003 comprobamos que en el pozo sólo quedaba una calavera y unos huesos sueltos", recuerda Canales. Con la confirmación de la profanación, Fausto confeccionó un dossier que llegó a la negociación de la Ley de la Memoria, aprobada en diciembre de 2007.

Dos días antes de que se aprobara el texto, Canales tenía la confianza de que las exhumaciones en Cuelgamuros serían incluidas, pero no fue así. "Optamos entonces por la vía judicial y denunciamos ante la Audiencia Nacional", explica. Garzón se hizo cargo del caso y llegó a pedir la exhumación de los restos del valle. En ese momento, la fiscalía se opuso y el caso de Canales acabó en el juzgado de San Lorenzo de El Escorial, que finalmente en julio del pasado año comunicó que la propia Ley de la Memoria debería resolver el asunto. "Es decir, que Garzón tenía razón y no prevaricó al pedir la exhumación", opina Canales.

El dossier de Fausto con toda la documentación acabó en el Ministerio de Justicia, que le comunicó hace pocas semanas que Presidencia resolvería su caso.