El caso Prestige cuesta al Estado 18 millones de euros

La herida natural más costosa que han sufrido las costas españolas todavía sigue sangrando. El hundimiento del Prestige, accidentado frente al litoral gallego el 13 de noviembre de 2002, supuso al Estado un coste aproximado de más de 700 millones de euros.

El Gobierno, más de seis años después, pretende cobrar esa cantidad a través de un litigio judicial en EEUU que ya le ha costado otros 18 millones de euros, según informó el Gobierno al diputado de IU Gaspar Llamazares en el Congreso de los diputados.

El Estado demandó a la empresa America Bureau of Shipping (ABS) como responsable última de que el buque navegara sin cumplir las medidas de seguridad adecuadas.

La intención final del costoso proceso judicial es que el Estado sea indemnizado con los 712 millones de euros que costaron las labores de descontaminación y los daños causados. Esa es la cantidad que han fijado los peritos contratados por el Estado. ABS fue la sociedad clasificadora que certificó las condiciones de navegabilidad del barco.

El petrolero Prestige se hundió definitivamente el 19 de noviembre con 77.000 toneladas de fuel a bordo. Ese mismo día aparecieron las primeras manchas de combustible en la costa, a pesar de que el barco había sido remolcado a 250 km. de la costa. El desastre ecológico fue tal que, entre otras medidas de precaución, se prohibió la navegación en las costas españolas y francesas de buques sin doble casco.

En la respuesta que el Gobierno ha remitido a IU, especifica que "la acción se encuentra actualmente en sede de apelación ante la Corte de Apelación de Nueva York".

Los 25.116.739,69 millones de dólares gastados hasta la fecha corresponden a los honorarios de abogados, peritos y expertos.

Este tribunal "resolverá el recurso del Estado español contra la resolución de 2 de enero de 2008 del Juzgado de Distrito Sur de Nueva York, por la que se inhibe del conocimiento del asunto al entender que los tribunales de Estados Unidos no son competentes para conocer de esta reclamación".

Ese dictamen no supondrá una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión, lo que hace pensar a IU que el proceso "no ha hecho más que empezar".

No es la única pregunta que el grupo parlamentario de IU ha hecho al Gobierno sobre el hundimiento del . Gaspar Llamazares ha cuestionado también al Ejecutivo sobre los estudios que ha llevado a cabo para analizar las posibles lesiones que sufrieran aquellos voluntarios que estuvieran expuestos al chapapote.