BARCELONA.- La lucha contra la tortura y la violencia institucional es una de las tareas más importantes por las que trabaja el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH). El organismo celebró ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona sus 15 años de actividad a través de unas jornadas en las que se hizo memoria de su revisión del sistema penal en Catalunya y se lanzaron propuestas para la defensa de los derechos humanos. Asimismo, se presentó el primer mecanismo de denuncia y visibilización de los actos de matrato o tortura ejercidos por funcionarios del Estado (carceleros o agentes de seguridad), ocurridos tanto en centros penitenciarios como en la vía pública.

Se trata del dispositivo denominado “Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional” (SIRECOVI) que activa un botón rojo cuando registra casos de torturas contra personas privadas de libertad, con el objetivo de alertar a las autoridades nacionales e internacionales competentes de la vulneración de los derechos de las víctimas. Como explicó el director del OSPDH e impulsor de este sistema contra la tortura, Iñaki Rivera, el “botón rojo” cuenta con el aval de la Relatoría sobre la Tortura de las Naciones Unidas y pretende ampliarse a toda la geografia española. Lluïsa Domingo, de la Coordinadora para la Prevención contra la Tortura en Catalunya, alertó del “miedo de las víctimas a denunciar las torturas”, por lo que “no acostumbran a haber represalias contra los cuerpos del Estado”.

Además, defendió que “estamos retrocediendo en la protección de los derechos humanos” y que es necesario “erradicar las prácticas de violencia institucional que cada día se producen en las cárceles”, en relación a las condenas contra activistas, huelguistas o los migrantes recluidos en los CIE's.

Puesto que entre el público se hallaban funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, Iñaki Rivera aprovechó para pedir a las autoridades catalanas que permitan la entrada de los profesionales del Observatorio a los centros penitenciarios para “poder escuchar a los reclusos que sufren violencia institucional”. Domingo también se sumó al llamado: “No pararemos hasta que la sociedad civil entre en los centros de internamiento para visibilizar que allí dentro se están produciendo vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas, más allá de la privación de su libertad”. Conxita Bardina, familiar de una persona privada de libertad, confirmó que “las torturas se producen diariamente en las cárceles”. Mariana Huidobro, la madre del acusado por el caso 4F Rodrigo Lanza, también estaba presente en el acto para recordar que su hijo sufrió torturas por parte de los agentes de seguridad y su denuncia fue desestimada por la jueza del caso.

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“No pararemos hasta que la sociedad civil entre en los centros de internamiento para ver que allí dentro se están produciendo vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas"

El coordinador para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT), Jorge del Cura, acusó la falta de transparencia de las prisiones en España e informó de que en los últimos 11 años se han registrado 7.500 casos de torturas o maltratos, una cifra que según del Cura está alejada de la realidad por el miedo de las víctimas a denunciar a las autoridades del Estado. El experto avisó de que “entre los profesionales jurídicos hay un desconocimiento total del protocolo de Estambul” y de que debería revisarse el concepto de tortura del Código Penal español -modificado por el PP en 2015- para adaptarlo a los convenios internacionales. “El Estado español es experto en cambiar las calificaciones de actos de tortura en el ordenamiento jurídico, como hace Israel”, defendió.

Daniel Canales, de Amnistía Internacional, se sumó a la petición y certificó que en España se produce violencia institucional, sobre todo en casos de “maltratos en manifestaciones y contra colectivos minoritarios o migrantes”. En lo que va de año, 158 países de todo el mundo han ratificado la convención contra la tortura pero, como señala Canales, “hoy por hoy se sigue practicando de forma impune la tortura”. La UE está siendo un ejemplo muy preocupante, como alertaron los expertos, de permisión de la tortura y de vulneración de los derechos humanos contra los refugiados a través de las devoluciones “en caliente” que pretenden realizarse desde Turquía.

El abogado Andrés García Berrio, del Centro Irídia, advirtió a los representantes públicos del peligro de vulnerar los derechos humanos en la vía pública y, en concreto, del colectivo que practica la venta ambulante en Barcelona. “Debemos construir un modelo garantista que sepa adaptarse a las situaciones de los manteros y que no lleve a las administraciones a una recriminalización del top manta”, defendió.

Jaume Asens, concejal del Ayuntamiento de Barcelona e histórico abogado en defensa de los derechos humanos, clausuró la jornada recordando que el consistorio está “dando pasos contra la vulneración de los derechos de la ciudadanía, como la retirada de las acusaciones contra activistas o medidas para cerrar el CIE de Barcelona, pero que aún son insuficientes”. Reconoció que en su gobierno, ante la lentitud y los obstáculos sistémicos, “hay un cierto de grado de insatisfacción que duele”. Por ello, pidió un contrapoder ciudadano fuerte y recordó: “queremos que la gente sea exigente con nosotros porque nosotros lo hemos sido antes”. También se comprometió a dotar de transparencia a los espacios en los que se produce violencia institucional.