El Govern dio ayer el visto bueno a la Ley de Derechos y de Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia. El cambio en lo relativo a la adopción y a la acogida es uno de los aspectos más revolucionarios de la nueva norma. El objetivo es potenciar las adopciones nacionales y otorgar más seguridad jurídica a las familias adoptantes.

De esta manera, en el caso de que haya un acogimiento preadoptivo paso previo necesario para una adopción la norma limita a dos meses el plazo que tienen los padres biológicos de los menores tutelados por la Generalitat para oponerse a un proceso judicial y recuperar a sus hijos.

Los tipos de acogida familiar también cambian: habrá una permanente y una especializada. La primera se refiere a aquellos casos donde la Generalitat vea que el desamparo será prácticamente permanente, pero estime que la adopción no es la medida más conveniente para el menor.

Mientras, la acogida especializada estará destinada a menores con necesidades especiales que requieran una atención concreta. Esta opción recoge la posibilidad de que los acogedores sean remunerados. En este caso, uno de los adultos de la familia deberá contar con un título que acredite sus conocimientos para tratar con menores.

La aprobación de la norma llega después de casi cuatro años de trabajo y pretende dar derechos a todos los menores catalanes, no sólo a los que estén desamparados. 'La ley se dirige por primera vez a toda la población infantil de Catalunya', afirmó ayer Carme Capdevila, consellera de Acció Social i Ciutadania, el departamento impulsor de la norma.

En este sentido, otra de las novedades es que la ley diferencia entre las situaciones de riesgo social y desamparo. Así, se facilitará que un menor pueda acceder a una medida de protección sin que sea necesario declararlo en situación de desamparo.

Además, la norma prevé la creación de un Consejo Nacional de la Infancia para que los menores puedan opinar sobre asuntos que les afectan directamente.