Catedráticos discrepan de los datos sobre envejecimiento del informe sobre pensiones

Dos catedráticos y un investigador en estudios demográficos discrepan sobre la realidad de los datos demográficos que constan en el informe sobre la reforma de las pensiones y aseguran que las probabilidades de que se cumplan son muy bajas, mientras dudan de la constitucionalidad del texto.

En la Comisión del Pacto de Toledo han comparecido hoy el investigador del Centro de Estudios Demográficos y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona Amand Blanes Llorens, el catedrático de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco Felipe Serrano y el catedrático Emérito del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Deusto Manuel María Zorrilla. Los tres han discrepado sobre el informe elaborado por el Comité de Expertos relativo al factor de sostenibilidad de las pensiones y mientras Blanes y Serrano han asegurado que las estimaciones del INE sobre evolución demográfica han sido "manifiestamente erróneas" en años anteriores, el catedrático Manuel María Zorrilla, ha aseverado que el informe no tiene base constitucional.

Amand Blanes cree que actualmente existe una gran incertidumbre para determinar la evolución demográfica en los próximos años y ha aseverado que la probabilidad de que en 2050 haya 9 millones menos de población activa, según la proyección del INE, "es muy baja". En el mismo sentido, Felipe Serrano ha dicho que "vivimos en un mundo con incertidumbre y en todas las proyecciones que se hacen hoy para dentro de 40 años, la probabilidad de que ocurra es cero".

"En todas las proyecciones que se hacen hoy para dentro de 40 años, la probabilidad de que ocurra es cero" En su opinión, el informe del Comité de Expertos que propone ajustar las pensiones a la esperanza de vida a la edad es una "reforma de nuevo cuño" que haría que las pensiones disminuyeran en términos reales y ha incidido en que rebajaría el estándar de calidad de vida de los pensionistas que reclama Bruselas. Para paliar este problema, Serrano ve conveniente inyectar liquidez al sistema de la Seguridad Social a través o bien de un aumento de las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores, "un porcentaje entre los mas bajos de Europa" o a través de un cambio en la naturaleza de las pensiones de viudedad con el fin de que dejaran de ser contributivas y fueran financiadas mediante impuestos.

Añade que también habría que dedicar en el futuro una parte de la cuota por desempleo hacia contingencias comunes. En su opinión, con estas tres medidas se lograría un ahorro al sistema algo superior a 3,5 puntos del PIB.

Por su parte, Blanes ha reconocido que las proyecciones de población son útiles para ver tendencias "de fondo" y no tanto para ver resultados precisos y ha incidido que ante la actual situación económica "la incertidumbre es todavía mayor porque está condicionada por el flujo de la economía". Asimismo, ha asegurado que la proyección demográfica de España no es de las peores dentro de la Unión Europea y ha aseverado que la repercusión es incluso "más fuerte en Alemania a medio y largo plazo".

Blanes ha advertido de que la reforma del factor de sostenibilidad propuesta por el Comité de Expertos supone además un "doble ajuste" para los trabajadores más maduros, a lo que también afecta la reforma de 2011 que propone prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años. El catedrático Emérito del Derecho del Trabajo y Seguridad Social Manuel María Zorrilla ha aludido a la posible inconstitucionalidad de esta propuesta, que no tiene el ordenamiento jurídico europeo. "Los orígenes del informe no son constitucionales", ha dicho, tras lamentar "la escasa alusión a los fundamentos constitucionales que apenas se citan" y alegar que en la exposición de motivos del Tratado de Maastrich "se reconoce el derecho a la Seguridad Social como fundamental".

Según Zorrilla el derecho a la Seguridad Social está en el informe en un plano inferior al que debe garantizar el derecho europeo. Los catedráticos que han comparecido en la Comisión del Pacto de Toledo han coincidido en que hay tiempo suficiente para acometer una reforma del factor de sostenibilidad que podría comenzar en 2020.