A Francisco Martínez le espera una sorpresa en la Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas. Viaja desde México, por lo que no puede eludir el control de pasaportes. Allí le espera una agente de policía que tiene sus datos. Nada más verle le dice: "Hay una orden de averiguación de paradero por un caso de malos tratos en el ámbito familiar. Debe facilitarnos su domicilio". El viajero, un tanto perplejo, obedece y puede seguir su camino tras el control de pasajeros.

Francisco no existe, pero el ejemplo es uno de los casos que han sido detectados por el sistema de Información Avanzada de Pasajeros (API, en sus siglas en inglés), que funciona en España desde el pasado 19 de marzo, según fuentes policiales del aeropuerto.

La red obliga a las compañías de transportes a facilitar al Ministerio del Interior los datos de todos los pasajeros que llegan a España de fuera del espacio Schengen (Suiza, Islandia, Noruega y los países de la Unión Europea, a excepción de Reino Unido). Desde que se puso en marcha, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han localizado a 295 delincuentes que pretendían entrar en España.

Por mar y aire

Un total de 94 compañías aéreas y cinco navieras ya facilitan estos datos. Deben enviarlos cuando los pasajeros finalizan el embarque y antes de la salida del medio de transporte. "La lista de pasajeros se recoge en el centro de datos, donde se procesa y se envía a los controles a los que llegarán los pasajeros", explica el comisario Manuel Rodríguez, jefe de la Unidad de Control de Fronteras.

Una vez que se comprueban los datos de los pasajeros, se puede saber si alguien que quiere entrar en España tiene alguna orden de busca y captura, de ingreso en prisión o, como en el caso de Francisco Martínez, la orden de un juzgado para averiguar su paradero por un caso de malos tratos. Los puestos fronterizos reciben la información y aguardan a los pasajeros que deben ser identificados.

Entre los casos detectados en el tiempo que lleva funcionando el API, se ha impedido la entrada a varios pasajeros que tenía orden de expulsión en otros países. "En España no pueden entrar nadie que haya sido expulsado de otro país de la UE", señala el comisario."Entonces se le retiene en el aeropuerto y se le devuelve al país del que llegó en el primer vuelo disponible", añade. Si es alguien que está en busca y captura, es detenido hasta que pasa a disposición judicial.

El primer país en poner en marcha el sistema fue Estados Unidos, con el principal objetivo de localizar a posibles terroristas. En Europa, además de en España, también funciona en Reino Unido.

Precisamente, el sistema también ha permitido poner en marcha investigaciones contra el terrorismo o la delincuencia organizada. "El API facilita saber si una persona que está siendo investigada ha entrado en España, lo que aporta información importante para resolver posibles casos", comenta el responsable policial.

El sistema, según explica el comisario, "permite tener un conocimiento de antemano y, además, se ha ganado en rapidez y seguridad". Y garantiza: "Sólo se identifica a los viajeros que pueden tener algún interés policial".

Francisco Martínez ya ha salido de Barajas. La próxima vez que tenga una causa pendiente con la justicia, tal vez se piense dos veces si regresar a España, ya sea por mar o aire.