Las CC.AA. y el Gobierno se alían en la defensa de la legalidad del "céntimo sanitario"

El dictámen de la Comisión Europea que considera ilegal el cobro del céntimo sanitario en los carburantes ha provocado la defensa del gravamen en las seis autonomías en las que se aplica y en el Gobierno, que ha anunciado que defenderá ante la UE la capacidad normativa de las comunidades.

Ayer, la Comisión Europea consideró que el impuesto sobre los carburantes en las gasolineras, el denominado céntimo sanitario, no respeta la normativa europea, por lo que reclama su revisión.

Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda han explicado hoy a Efe que, una vez recibido el dictamen, el Ejecutivo tiene dos meses para resolver el asunto y está dispuesto a negociar con la UE aunque sin descartar ir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo para defender la capacidad normativa.

La posibilidad de aplicar este impuesto se abrió con el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de noviembre de 2001, que contó con los votos a favor del Gobierno, entonces del PP, Cataluña (CiU) y las comunidades con ejecutivos del PP y la oposición de las autonomías socialistas, que luego variaron su posición.

La primera de las comunidades que incorporó este impuesto fue Madrid (2002), lo que ocasionó la primera carta de emplazamiento de Bruselas al Ejecutivo central, en el año 2003.

Posteriormente, se sumaron Galicia, Asturias, Cataluña y, finalmente, la Comunidad Valenciana aunque en Comisión Mixta hasta trece comunidades asumieron la nueva competencia.

Sólo el País Vasco y Navarra, con un régimen propio, y Extremadura y La Rioja, por decisión de sus gobiernos, no se acogieron a esta competencia.

El céntimo sanitario consiste en un impuesto extra que oscila entre los 2,4 y 4,8 céntimos por litro, techo al que sólo ha llegado Cataluña, mientras que las cinco autonomías restantes se han mantenido siempre por debajo del tope.

Tras conocerse el dictámen de la Comisión Europea, fuentes de la Generalitat de Cataluña han asegurado que lo analizarán con detenimiento y han informado de que este gravamen aportaría previsiblemente este año a las arcas autonómicas 171 millones de euros.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, ha opinado que la posible modificación del céntimo no perjudicara la región, ya que entiende que el Ejecutivo central articulará una alternativa para compensar la pérdida de ingresos, que ha calculado en unos 50 millones de euros anuales.

El presidente de Asturias, Vicente Alvarez Areces, ha asegurado que mantendrá el céntimo sanitario hasta que no se arbitren otras alternativas, ya que por este concepto se han recaudado en el 2007 hasta 37 millones de euros, la misma cantidad que se prevé para este año.

El conselleiro de Economía de Galicia, José Ramón Fernández Antonio, ha brindado todo el apoyo de la Xunta a la Administración del Estado en sus alegaciones ante la UE.

Galicia recibe por este impuesto unos 95 millones de euros anuales, algo más que Madrid, que recauda 90 millones por la tarifa autonómica del tributo después de que lo haya mantenido desde 2003 en 1,7 céntimos por litro de combustible.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han recordado que corresponde al Gobierno central la decisión de suprimir el céntimo sanitario al tratarse de un impuesto estatal y han asegurado que, de momento, no se ha producido conversación alguna con el Ministerio para abordar este asunto.

Hasta media tarde de hoy, la Comunidad Valenciana no se había pronunciado sobre la decisión de la Comisión Europea.