La Federación Agroalimentaria de CCOO presentó el martes ante la Audiencia Nacional la impugnación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la embotelladora de Coca-Cola, Iberian Partners, formalizó el pasado el pasado enero.

El sindicato solicita la nulidad del proceso de despido colectivo y medidas cautelares para paralizar la ejecución de los cierres y los despidos incentivados, prejubilaciones y traslados, medidas a las que se adscribieron voluntariamente más de 1.700 trabajadores después de finalizar sin acuerdo la negociación del ERE entre la empresa y los sindicatos.

Tal y como adelantó esta federación a los pocos días de que la empresa anunciase los más de 200 despidos y el cierre de cuatro fábricas, CCOO alega que Iberian Partner es un grupo mercantil compuesto por las siete empresas embotelladoras que tenían licencia para el embase y la distribución del refresco (Cobega, Colebega, Casbega, Asturbega, Begano, Norbega y Rendelsur). Un grupo mercantil en el que "no hay confusión patrimonial ni de plantilla", por lo que no puede funcionar como "empresa laboral unitaria, única figura que puede presentar un ERE", explica el sindicato.

Éste es el principal escollo que encuentra el sindicato en el proceso de reestructuración que la embotelladora está llevando a cabo, pero además aprecian que las causas organizativas y productivas por las que Iberian Partners inició este proceso "no están acreditadas ni justificadas para tramitar un ERE".

Por otra partes, denuncian  que la composición de la mesa de negociación "no se ajusta a derecho al hacerse mediante secciones sindicales inter-empresas", una figura que no puede aplicarse al proceso basándose en la primera alegación: si Coca-Cola Iberian Partners no consolida como grupo laboral, "debería ser en cada empresa con los comités intercentros o con las secciones sindicales de cada empresa donde se daban las relaciones laborales mediante sus respectivos convenios colectivos" donde se negociase.

Además denuncian "obstáculos y ocultación de información" a los representantes de los trabajadores y que "no se ha negociado de buena fe, "manteniéndose una posición rígida e inamovible en el núcleo básico del despido colectivo, como es el cierre de cuatro plantas", asegura la nota de prensa.

"Así mismo, se vulnera el derecho de negociación colectiva y de participación sindical, en la fase de adscripción "voluntaria", realizando la empresa además una clara discriminación entre los que se adscriben y los trabajadores que quieren conservar su puesto de trabajo", explica el sindicato, que se mantiene "abierto al diálogo y la negociación de un plan industrial y de empleo" que no contenga cierres ni despidos forzosos".