La celeridad en el traslado de Larrañaga depende de España, según Filipinas

La ministra de Justicia filipina, Agnes Devanadera, aseguró hoy que "la pelota está en el tejado de España", respecto a los trámites de traslado del preso hispano-filipino Francisco Larrañaga, condenado a cadena perpetua por violación y asesinato.

"Esperamos respuesta por parte del Ministerio de Justicia español a la carta que enviamos el 3 de septiembre diciendo que Larrañaga cumple todos los requisitos para ser trasladado. El tiempo que tarde en ser extraditado dependerá de España", dijo Devanadera, en una entrevista concedida a Efe.

La titular de Justicia, sin embargo, aseguró que está "abierta" a escuchar la posición de la familia de las víctimas, que ha amenazado con apelar contra el traslado ante el Tribunal Supremo del país.

"Si lo considera conveniente, el Tribunal Supremo podría emitir una orden temporal para posponer el traslado hasta que dicte sentencia. Pero no quiero adelantarme a ninguna decisión judicial", dijo la ministra de Justicia.

Thelma Chiong, madre de las dos hermanas violadas y asesinadas en 1997, ha declarado recientemente a la prensa local que su familia no ha cobrado los 750.000 pesos de indemnización que los padres de Larrañaga ingresaron en las arcas de Justicia en mayo pasado.

Chiong también ha vertido dudas sobre la nacionalidad de Larrañaga, nacido y criado en la ciudad filipina de Cebú.

El informe judicial que manejan las autoridades filipinas y al que ha tenido acceso Efe especifica que el documento facilitado por Larrañaga para probar su nacionalidad, como hijo del español Manuel Larrañaga, es un pasaporte expedido el pasado 24 de marzo, el mismo día en que el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, iniciaba una visita al país y anunciaba que Filipinas había autorizado la extradición.

El documento confirma que los Larrañaga ingresaron la compensación económica e incluso especifica el número de recibo oficial.

Devanadera quiso tranquilizar a los padres de las víctimas y reiteró hoy que "el traslado no es el camino a la libertad, sino a otra pena de cárcel. Larrañaga cumplirá la sentencia que han decidido los tribunales y las leyes filipinas".

En este sentido, el informe enviado a España refleja que, tras haber cumplido 12 años de cárcel, Larrañaga aún debe permanecer privado de libertad otros 14 años y 9 meses, en caso de que obtenga reducciones por buena conducta; ó 25 años y dos meses si su comportamiento no es el adecuado.

Respecto a si el traslado se efectuará en octubre próximo, coincidiendo con la visita de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo a España para recibir un premio, Devanadera ha dicho: "Eso no está en nuestro calendario".

"Nuestro orden cronológico es que se realizará el traslado tan pronto como se cumplan las condiciones que especifica el tratado", añadió Devanadera, quien quiso destacar que las autoridades españolas han respondido a los requerimientos con mucha rapidez.

Sin embargo, añadió: "Si el traslado son buenas noticias para España, no veo por qué no está bien llevarles buenas noticias cuando la presidenta vaya de visita".

La ministra no quiso hacer pronósticos sobre la demora de la extradición, que el ministro Moratinos calificó de "inminente" en marzo pasado, pero adelantó que ésta llevará un mínimo de dos semanas, "siendo muy generosos", desde la recepción de la carta oficial por parte de España.

"Esta estimación está sujeta a que España no solicite más documentos o a que especifique la aerolínea y fecha del vuelo", añadió la titular de Justicia, quien aseguró que el Gobierno español no ha detallado aún la cárcel en la que será internado el preso.

En 1999, Larrañaga fue declarado culpable del secuestro, violación y asesinato, de las hermanas Jaqueline y Manjoy Chiong, junto a otros seis cómplices, y condenado a cadena perpetua (una pena que en Filipinas implica el cumplimiento de un máximo de cuarenta años de cárcel).

El Tribunal Supremo le impuso la pena de muerte en 2004, que le fue conmutada en 2006 cuando la presidenta de Filipinas introdujo una moratoria sobre la pena capital en el país, bajo presión de la Unión Europea.