El cerco del Supremo a Garzón torpedea el caso

Desde que el juez del Tribunal Supremo Jorge Alberto Barreiro dictó el 19 de octubre el auto por el que coloca a Baltasar Garzón a un paso del banquillo, las partes implicadas en la investigación del caso Gürtel tienen un motivo más para la zozobra. Decidido a juzgar a Garzón por prevaricación, Barreiro se ha convertido en el faro que ilumina a quienes buscan la nulidad de la instrucción so pretexto de las escuchas policiales a los presos de la trama y sus abogados. Y quienes buscan esa nulidad son aquellos que se arriesgan a penas de cárcel y a la devolución de cantidades millonarias si el caso llega a juicio.

Los informes policiales cifran ya en 27 millones las comisiones ilegales captadas por la red. Y en 12 la suma de los sobornos pagados. En otras palabras, describen el mayor caso de corrupción política destapado en España en las últimas décadas. Pero todo lo anterior resulta secundario: el Supremo considera que Garzón vulneró las garantías constitucionales de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

El auto de Barreiro hace que planee de nuevo la sombra del 'caso Naseiro'

Y esa certeza evoca el fantasma del caso Naseiro, donde otra anulación de escuchas, igualmente dictada por el Supremo, libró a los dirigentes del PP implicados entonces. El confuso magma legislativo que regula las escuchas policiales ha permitido que Barreiro imponga la tesis de que Garzón adoptó una decisión injusta a sabiendas de que lo era. La tesis contraria, la de que actuó al amparo del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también era posible. Pero Barreiro no consideró oportuno suscribirla. Y ya le ha pedido a Pedreira que le envíe todas las conversaciones grabadas en prisión, incluidas las que quedaron excluidas del sumario porque poseían un carácter privado o porque en ellas abordaban presos y abogados su estrategia de defensa.

Que el auto de Barreiro constituye una piedra angular para las defensas de los imputados lo demuestra la inmediata recusación formulada por el abogado de Francisco Correa contra el actual instructor del sumario, el juez del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira. Hasta ahora, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM ha avalado las decisiones de Pedreira.

Pero el abogado de Correa, José Antonio Choclán, ha subrayado con habilidad los paralelismos entre las escuchas ordenadas por Garzón y la prórroga de esas mismas escuchas decretada por Pedreira. Si Choclán lograse su objetivo, hipótesis no descartable, la causa quedaría en manos de un nuevo juez; de un recién llegado obligado a partir desde cero en el conocimiento de un sumario mastodóntico y donde quedan piezas clave por encajar: por ejemplo, las comisiones rogatorias que, una y otra vez, ha ido cursando España a una decena de países. Para la imagen internacional de España, sería deshonroso dejar morir por consunción un caso de tal envergadura.

Su contenido ha dado alas a Correa, que intenta ahora librarse de Pedreira

Ralentizar el sumario con la irrupción de un magistrado ajeno a sus entresijos tendría, ahora sí, un efecto perverso. Porque si la instrucción no se cierra antes de que, en la próxima primavera, se disuelva la Asamblea de Madrid, el caso acabará con toda probabilidad en algún cajón de la Audiencia Provincial de Madrid. Y ello por un motivo básico: salvo terremoto o milagro, el PP no volverá a colocar en sus listas a los tres diputados de la Asamblea imputados en la causa y a quienes hoy sólo puede investigar el Tribunal Superior de Madrid. En cuanto los tres Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Bejamín Martín Vasco pierdan la condición de aforados, Pedreira perderá la jurisdicción sobre ellos, a menos que antes haya dictado la apertura de juicio.