La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del martes al presidente de Telefónica, César Alierta, por un presunto delito de uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Tabacalera durante su mandato al frente de la empresa, que le habrían reportado 1,86 millones de euros.

La Sección 17 de la Audiencia Provincial, presidida por Manuela Carmena Castrillo y con el magistrado José Luis Sánchez como ponente, será la encargada de celebrar el juicio oral contra Alierta -para el que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de cuatro años y medio de cárcel- y contra su sobrino Luis Javier Plácer, para el que se solicitan cuatro años de prisión.

El juicio oral comenzará un año después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, terminara la instrucción del caso y remitiera a la Audiencia Provincial de Madrid los trece tomos con los 4.363 folios de los que consta la causa para que celebrara juicio.

El caso Tabacalera ha sufrido numerosos vaivenes, después de que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid decretara en noviembre de 2005 "el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por prescripción" de los delitos, aunque la decisión fue rectificada a mediados de 2007 por el Tribunal Supremo, lo que devolvió la causa a los Juzgados de Instrucción.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE) acusaban a César Alierta, su esposa y su sobrino de aprovechar, en 1997, la disponibilidad de información privilegiada para invertir 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros) en acciones de Tabacalera.

La posterior venta del paquete accionarial, a través de la sociedad Creaciones Baluarte, reportó a los acusados unas plusvalías de unos 310 millones de pesetas (1,86 millones de euros).

La defensa de Alierta y Plácer siempre ha sostenido que no existió delito de información privilegiada, argumentando que algunos datos que afectaron a la cotización de Tabacalera en 1997 eran conocidos públicamente, como la subida del precio del tabaco.

El juez de instrucción decidió sobreseer la imputación para la mujer de Alierta, Ana Cristina Plácer, a raíz de las peticiones del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Los hechos también fueron investigados de oficio por la CNMV y archivados, tras no hallar este organismo especializado en mercado de valores irregularidad alguna en las actuaciones.