El CGPJ aclara que los 400.000 asuntos penales pendientes están ya ejecutándose

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aclarado hoy que los 400.000 asuntos penales que figuran como pendientes en sus estadísticas -de los que, según un informe conocido ayer, 269.405 corresponden a Juzgados especializados en ejecutorias penales- en realidad ya están ejecutándose.

Tanto el portavoz del CGPJ, Enrique López, como los vocales Javier Martínez Lázaro -adscrito al sector progresista del órgano de los jueces- y Carlos Ríos -del sector conservador- han admitido además en declaraciones a Efe que "desconocen" el número de asuntos que no han comenzado a ejecutarse a pesar de haberse dictado sentencia.

"La expresión 'pendientes de ejecución' no quiere decir que la sentencia no se esté ejecutando, sino que la ejecución se encuentra en trámite, lo que implica en la mayoría de los casos que la pena se está cumpliendo", afirma Martínez Lázaro en un escrito dirigido a la Comisión Permanente del CGPJ, que mañana analizará el informe del Servicio de Inspección sobre los Juzgados Penales de Ejecutorias.

Este vocal añade que "la ejecución permanece abierta en numerosas ocasiones hasta que la pena se cumple totalmente y se ejecuta la responsabilidad civil (penas de prisión mientras éstas se cumplen, multas a plazos, retiradas del permiso de conducir, pago a plazos de responsabilidad civil, vigilancia a las medidas adoptadas en violencia de género, etc.)".

En el mismo sentido se ha pronunciado Carlos Ríos, que ha aclarado que las 400.000 sentencias penales pendientes de ejecutar se refieren a asuntos muy diversos -menores, violencia de género, Juzgados de Instrucción- y que "todas" están en trámite.

También el portavoz del CGPJ, Enrique López, ha dicho que todas esas sentencias se están ejecutando.

"Lo que pasa es que algunas están siendo ejecutadas en tiempos normales y otras en tiempos anormales en función de la carga de trabajo del Juzgado", ha señalado.

Según López, el retraso es especialmente acusado en los Juzgados especializados en la ejecución de sentencias, motivo por el que el Consejo ya adoptó medidas de refuerzo para estos órganos en Madrid y en Barcelona.

Sobre esas medidas, Martínez Lázaro pide en su escrito una "investigación exhaustiva" de las causas que han provocado que en algunos Juzgados que han sido reforzados la situación no haya mejorado.

El vocal se refiere, concretamente, a seis Juzgados de Madrid, entre ellos el Juzgado de Ejecuciones número 2, del que es titular el magistrado Eduardo López-Palop, que el pasado 28 de abril denunció en declaraciones a El País la sobrecarga de trabajo que sufre, lo que llevó al presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, a encargar el informe que la Comisión Permanente verá mañana.

Martínez Lázaro asegura que, pese a contar con refuerzos, López-Palop no ha cumplido en 2005, 2006 y 2007 el módulo mínimo que se exige a cada Juzgado, cuando el suyo "es el que menos ingreso de trabajo tiene de todos los Juzgados especializados en ejecución penal".

Esta situación, dice, contrasta con la de otros Juzgados de Valencia, Barcelona o las islas Baleares, donde casi todos los órganos superaron el 150 por ciento de rendimiento pese a tener más trabajo.

De hecho, Martínez Lázaro afirma que, en toda España, en los dos últimos años los jueces han resuelto muchas más sentencias ejecutorias de las que ingresaron y que han descendido las ejecutorias en trámite.