'Igual que para ocupar una plaza en un juzgado de menores o de mercantil se exige una formación específica, para ser titular en un juzgado de violencia de género también se debe tener una formación específica', afirmó ayer la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán.

Hasta ahora, sólo una parte de los magistrados encargados de juzgar este tipo de crímenes recibía cursos de formación sobre violencia de género y, en ningún caso, eran obligatorios. La intención de Montalbán es que a partir de 2009 todos los aspirantes a ocupar la titularidad de un juzgado de violencia de género acrediten formación especializada. 'La violencia contra la mujer tiene unas características específicas', subrayó Montalbán.

Sólo conociendo las causas de esa violencia y la relación de dependencia de las víctimas respecto a sus agresores, se puede entender, por ejemplo, que muchas de ellas retiren sus denuncias, argumentó la responsable del Observatorio. 'Por este motivo, es necesario que los jueces reciban una formación multidisciplinar, en la que se incluya el conocimiento de la ley, pero también nociones de aspectos psicológicos y asistenciales', añadió, en la víspera del Día Internacional Contra la Violencia de Género.

La escuela judicial ofrece en la actualidad un módulo de formación sobre violencia de género. También hay cursos esporádicos, de una media de tres días, en los que se suele incluir una visita a un centro de asistencia a víctimas de maltrato. La idea es que los jueces conozcan de primera mano la experiencia y las expectativas de las mujeres respecto a la Justicia. Donde aún no existe una materia específica sobre violencia de género es en el currículum de la carrera de Derecho, ni tampoco en el temario de la oposición a juez, como reclaman desde hace tiempo diversas asociaciones involucradas en la lucha contra los malos tratos.

'Anuncio importante'

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, calificó ayer el anuncio del CGPJ de 'muy importante'. 'Parte de los fallos que hemos detectado en la aplicación de la ley se deben a la falta de formación de los jueces', explicó. En su opinión, es imprescindible que los jueces conozcan y comprendan cómo se relacionan las parejas y los efectos que tiene la violencia en las mujeres.

La falta de formación de los operadores jurídicos -fiscales, psicólogos, forenses y, sobre todo, jueces- fue una de las denuncias del Congreso organizado por la Fundación Themis de Mujeres Juristas hace un mes para examinar los tres años de aplicación de la normativa contra la violencia de género.

En las jornadas se puso de manifiesto que sólo una minoría de magistrados tiene formación en esta materia. Y son varias las consecuencias que se desprenden de esta falta de preparación.

La abogada María Ángeles Jaime de Pablo afirmó en el congreso que es 'prácticamente residual' la aplicación del delito de maltrato continuado. Lo común es que se juzgue al denunciado por el último hecho cometido, sin que se realice ninguna investigación sobre la situación anterior, a pesar de que en la mayoría de denuncias la víctima refleja sufrir una violencia continuada.

Misma condena

La letrada también puso como ejemplo el tratamiento que reciben las lesiones en el hombre y la mujer para denunciar la falta de formación de los jueces en esta materia. Así, subrayó que no se realiza 'ningún esfuerzo argumentativo para discriminar entre lesiones de ataque y de defensa', por lo que es imposible aplicar la eximente de legítima defensa. Consecuencia: víctima y agresor reciben la misma condena penal.

'Es imprescindible que el juez tenga una formación específica, y cuando tenga esa formación ya se cuidará de que todos los que trabajan en su juzgado tengan los conocimientos necesarios para la aplicación correcta y eficaz de la ley', indicó ayer Gonzalo.

En la actualidad, existen en España 458 juzgados especializados en violencia sobre la mujer, aunque sólo 83 de ellos son exclusivos, según datos del órgano de gobierno de los jueces. El resto tiene que compatibilizar esta materia con cualquieras otras propias de Instrucción o Primera Instancia que les correspondan. Algunos de estos juzgados, según denuncian sus titulares, tienen sobrecarga de trabajo, como es el caso del juzgado número 5 de Instrucción de Torrejón de Ardoz (Madrid), que tramitó el conocido como caso Alovera. El consejo estudia hoy medidas de refuerzo para paliar su exceso de trabajo, informó Efe.

Durante el encuentro informativo, Montalbán también se refirió a la posible existencia de denuncias falsas e insistió en que 'no se puede hablar con rigor y seriedad de ellas', porque hasta ahora no existe una sola sentencia que condene a una mujer por falso testimonio. Además, quiso recordar que 'el sistema está perfectamente dotado para detectar una denuncia falsa y actuar'.

En este sentido, criticó que se esté aplicando la dispensa de declarar contra un familiar a los 'testigos parientes y cónyuges' en los casos de violencia de género. 'La dispensa se refiere a los testigos no a las víctimas', remarcó. Por ello, apuntó que quizá sería necesaria 'una aclaración' de la Ley de Enjuiciamiento Judicial.

Uno de los principales problemas para evaluar el impacto de la violencia de género es que existen distintas formas de contabilizarla. El Observatorio de la Violencia de Género anunció ayer que está trabajando para unificar los criterios estadísticos que emplean las distintas administraciones para contabilizar este tipo de crímenes.

En este sentido, Montalbán se declaró partidaria de incluir en el recuento de víctimas a las mujeres que se suicidan a causa de la presión ejercida por sus maltratadores, tal como hacen algunos países europeos.