CHA cree que el trasvase a Barcelona es "permanente" y un "precedente peligroso"

CHA considera que el Real Decreto-Ley de medidas excepcionales y urgentes para el abastecimiento de agua a Barcelona ha sido un "pretexto" para establecer un trasvase del Ebro "permanente", que además supone un "precedente de consecuencias imprevisibles" que podrá ser utilizado por otros trasvasistas.

Así lo aseguraron hoy la presidenta del partido, Nieves Ibeas, y el portavoz en las Cortes de Aragón, Chesús Bernal, durante la presentación de una proposición no de ley que solicita al Gobierno autonómico la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley, aprobado el pasado 21 de abril.

La propuesta, que será debatida en las Cortes el próximo jueves, insta al Gobierno autonómico a que se dirija al Ejecutivo central para exigirle respeto a la legislación europea, estatal y aragonesa, así como la búsqueda de soluciones sostenibles, respetuosas con el principio de unidad de cuenca y que no supongan la creación de infraestructuras permanentes para futuros trasvases.

Nieves Ibeas se mostró muy crítica con el Gobierno central, al asegurar que ha tramitado un "decretazo" con una "desvergüenza política patente" y ha utilizado el "pretexto" de la "excepcionalidad" para realizar un trasvase.

Ibeas también atacó al presidente aragonés, Marcelino Iglesias, al que acusó de "traición" por "callar cuando se están sentando las bases para hacer más trasvases" y "plegarse a los designios de su partido" para "mantenerse en el puesto".

Por su parte, Chesús Bernal dijo que el Gobierno miente cuando niega que la medida adoptada sea un trasvase, y opinó que Iglesias "no lo reconoce para no tener que luchar contra él".

Además, aseguró que la situación de excepcional necesidad ha desaparecido con las últimas precipitaciones, puesto que las reservas de Barcelona han aumentado en 29 hectómetros.

Según Bernal, el decreto ha sido sólo un "pretexto para establecer una conexión directa y permanente entre el Ebro y Barcelona".

"Quién se puede creer que un Gobierno vaya a dilapidar 180 millones de euros para establecer una solución provisional", se preguntó el portavoz de CHA, quien advirtió que la medida sienta un "precedente de imprevisibles consecuencias que podrá ser invocado con plena legitimidad por otros".