El vicepresidente del Gobierno Manuel Chaves deberá declarar por escrito en calidad de testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha decidido interrogarle a petición del PP. Este partido recurrió una decisión administrativa del Gobierno andaluz, presidido por José Antonio Griñán, que concluía que Chaves —cuando era presidente de la Junta de Andalucía— no había incurrido en incompatibilidad alguna al conceder una ayuda de diez millones de euros a la empresa minera Matsa, una multinacional en la que trabaja su hija como letrada.

El PP trató a lo largo de 2009 y principios de este año de situar el llamado caso Matsa en la agenda política y erosionar así la imagen de Chaves. Sin embargo, se topó con el Tribunal Supremo, que de manera fulminante, en febrero pasado, desmontó su campaña. Archivó, sin ni siquiera admitirla a trámite por carecer de fundamento, la querella penal que los conservadores habían presentado contra Chaves, en la que le acusaban de un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación. El Supremo, en una decisión unánime de cinco jueces, incluso reprochó al PP que para articular su querella se basase en simples "conjeturas derivadas de la posición de presidente de Chaves".

Ahora, el TSJA debe discernir, tras admitir el recurso del PP, si anula o no la decisión del gabinete Griñán, que no detectó incompatibilidad alguna de Chaves al presidir el consejo de Gobierno en el que se ratificó finalmente la concesión del incentivo a la empresa Matsa, con la ayuda.

El PP se aferra ahora, tras el varapalo del Supremo, a que en el expediente Matsa aparece Paula Chaves Iborra, hija del vicepresidente. Su firma como apoderada, según pudo verificar Público, sólo consta en el último paso de la tramitación de la subvención, que duró 16 meses, desde el 11 de octubre de 2007 hasta febrero de 2009. En concreto, la rúbrica de Paula Chaves aparece en el documento de aceptación por parte de Matsa de la ayuda pública, fechado el 23 de febrero de 2009, 42 días después de haber sido aprobada por un comité de la Consejería de Innovación, integrado por 15 personas, y 35 días después de ser ratificada por el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Manuel Chaves.

Fue otra persona, Javier López Rubio, quien solicitó y tramitó la ayuda, aunque no concluyó las diligencias porque Matsa terminó su relación laboral con él.

Los conservadores consideran que Chaves incumplió la Ley de Incompatibilidades de Andalucía, que reza en su artículo 7.1: "Los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil".

Si el TSJA anula el acuerdo del Ejecutivo de Griñán y considera además que Chaves incumplió esa ley de incompatibilidades, el vicepresidente recibirá dos sanciones, según recoge la norma. Por un lado, el BOJA deberá publicar una declaración que contenga que Chaves incumplió esa ley. Además, Chaves podría ser vetado para ocupar cargo alguno en la Junta durante un máximo de diez años .