La frontera entre Cúcuta (Colombia) y Ureña (Venezuela) amaneció ayer tomada por el Ejército venezolano. A ambos lados del puente que divide a los dos países hay temor y zozobra, los colegios han sido cerrados y los comercios funcionan a medio gas. Los más atrevidos cruzaban por el cauce seco del río. Y en todos, las mismas dudas: ¿quiénes mataron el lunes al sargento y al cabo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodiaban el control fronterizo de El Palotal?

Cuatro sicarios, a bordo de dos motocicletas, dispararon por la espalda a los militares y les robaron sus armas. La reacción del Ejército venezolano no se hizo esperar y a las pocas horas fue detenido uno de los presuntos autores, de nacionalidad venezolana. 'Los militares fueron vilmente asesinados por paramilitares', aseguró ayer el vicepresidente Carrizález, desplazado hasta la frontera más caliente de América Latina.

El periódico Últimas Noticias, cercano al Gobierno bolivariano, adelantó que las pesquisas apuntan al desaparecido grupo paramilitar Bloque Frontera, convertido hoy en una banda dedicada al tráfico de drogas y al secuestro. Pero Carrizález no tiene ninguna duda: el atentado, la masacre del Chururú y la captura de los presuntos espías del DAS (servicio de inteligencia colombiano) son 'la punta de lanza de las bases yanquis' en Colombia, 'que amenazan el proceso venezolano'.

El vicepresidente de Venezuela identificó también como paras a los 11 ejecutados del Chururú, obviando la militancia de sus asesinos (guerrilleros del ELN, según el gobierno regional del Táchira). 'Quienes los asesinaron representaron los intereses de la nación, en admirable labor de profilaxia social', ironizó ayer Teodoro Petkoff, líder intelectual de la oposición.

Chávez y Uribe siguen azuzando su particular guerra fría de espías. Las últimas revelaciones señalan que los dos presuntos agentes colombianos detenidos en Maracay portaban documentos venezolanos e intentaron sobornar a los policías para fajarse del arresto. Ambos espías se exponen a penas de cárcel que podrían llegar a los 28 años.

En la otra parte del tablero, las medidas, de momento, son más comedidas. El coronel Jesús Lugo, presunto espía venezolano, fue expulsado de Colombia, acusado de realizar seguimientos al golpista Pedro Carmona. Su embajador en Bogotá ha negado esta acusación, al igual que el Gobierno colombiano rechaza que 'sus' detenidos pertenezcan al DAS. Ya se sabe, en estos temas todos niegan la mayor. Es la ley de espías.