La Justicia chilena empezó ayer a detener a más de 130 ex militares acusados de haber cometido crímenes durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Nunca en la historia judicial del país se había realizado un procesamiento tan masivo.

La acción es el resultado de las múltiples causas que investiga el juez Víctor Montiglio por las actuaciones de la policía secreta de Pinochet, la DINA, rebautizada como CNI. 'El cruce de información', aseguró Montiglio, es lo que le ha aportado los antecedentes para llevar a cabo esta acción judicial inédita.

Fuentes de la Policía civil, indicaron a Público que ayer tenían 131 ordenes de detención que efectuar, pero no descartan que hubiese más. Muchos de los detenidos serán llamados a comparecer por primera vez.

Este procesamiento masivo se ha producido en medio de una gran polémica por el descubrimiento de que 14 antiguos militares, procesados por violaciones de los derechos humanos, trabajan en la actualidad como asesores civiles de las Fuerzas Armadas. Uno de ellos es el coronel retirado Sergio Castillo, que recibe 1.700 euros mensuales por asesorar al Ejército.

Investigar en profundidad

El juez Montiglio aplica la aún vigente ley de amnistía, dictada por el régimen militar, que no permite la condena por ciertos delitos cometidos entre 1973 y 1978. Pero esto no impide al juez investigar los casos.

Erika Hennings, viuda de un desaparecido durante la dictadura pinochetista, aseguró a Público que está conforme con el procedimiento de Montiglio: 'Él aplica la amnistía, pero previamente investiga en profundidad y eso se valora, porque la verdad de lo ocurrido es lo que nos falta'. Hennings explicó que, aunque el juez no puede condenar a los acusados, 'podemos acudir a la Corte de Apelaciones con la contundencia de los datos del juez y solicitar que se revoque la amnistía'.