Un fuerte sismo de 6,2 grados en la escala de Richter sacudió hoy la región norteña de Atacama y aunque no provocó víctimas ni daños materiales trajo a la memoria de los chilenos el devastador terremoto del que mañana se cumple un mes.

Nuevos temblores en el norte y fuertes réplicas del terremoto del 27 de febrero en el centro y el sur del país recuerdan estos días a la población chilena que vive en el país más sísmico del mundo y que hace treinta días se registró el quinto terremoto más fuerte de la historia.

Hace un mes el temblor de 8,8 grados y la posterior alarma de maremoto afectó al 80% de la población de un país que hoy es más pobre y que afronta la reconstrucción como un enorme desafío del nuevo Gobierno de Sebastián Piñera, quien asumió la Presidencia hace apenas dos semanas, y se dio un plazo de 60 días para recuperar la normalidad.

En su discurso, Piñera hizo un llamado a "una nueva transición para construir un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades de igualdad, cualquiera que sea la cuna".

Por otro lado, tras el terremoto, las cifras que se dieron sobre pérdidas y víctimas fueron confusas, lo que obligó al Ejecutivo a aclarar sus números. Los fallecidos se ubican en 342 cuerpos reconocidos y los daños en 30.000 millones de dólares.

Paralelamente, empezó la revisión de responsabilidades en los organismos gubernamentales por no alertar a tiempo, así como en los juzgados, donde ya se presentaron las primeras querellas por los fallos en el aviso del maremoto en las costas de la región del Maule y el Biobío.

Antes de la catástrofe, la región del Biobío, una de las más damnificadas, presentaba índices de pobreza del 20,68% de su población, el doble de la registrada en la región metropolitana de Santiago, fijada en un 10,55%, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional.

"Las cifras van a empeorar. La pobreza se mide por el ingreso y la gente que pierde el ingreso, como todos los damnificados, se queda directamente en la pobreza", explicó a Efe Leonardo Moreno, director de la Fundación para la Superación de la Pobreza en Chile.

Entre los damnificados, que suman 800.000, también se encuentran los que a pesar de seguir recibiendo una pensión han perdido todo su patrimonio, lo que en el caso de las personas mayores se traduce en perderlo todo y no tener tiempo de recuperarlo.

Para Moreno, la principal carencia del Gobierno es que no hay una mirada global que involucre los procesos de emergencia y el plan de reconstrucción.

Una opinión que comparte Amerigo Incalcaterra, jefe de la oficina regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Chile, quien destacó que las regiones afectadas son las mismas que "tradicionalmente no se han beneficiado del Estado".

"Muchas veces vemos acciones paternalistas, que están bien en una fase de emergencia, pero en la segunda fase tenemos grandes posibilidades de reorientar toda una política en la región de una manera mucho más efectiva", explicó el funcionario a Efe.

En este sentido, Incalcaterra pidió que "no se tape con esa ayuda una realidad que ya existía, sino que se trate de abarcar toda la realidad de una región que siempre ha aspirado a tener mejores condiciones de vida".

El siguiente paso es definir cómo financiar e implementar la fase de reconstrucción del país, para lo que el Ejecutivo sigue planteándose opciones como subir el "royalty" minero o incrementar la presión fiscal con más impuestos.

Pasadas las primeras semanas, la solidaridad, los carteles de "Fuerza Chile" y el voluntariado van desapareciendo de la vida cotidiana y dando paso a la recuperación de una ansiada normalidad.

Sin embargo, en la Teletón televisiva celebrada entre el 5 y el 6 de marzo con el propósito de recaudar dinero para los damnificados se consiguieron finalmente más de 87 millones de dólares, el triple de lo previsto inicialmente.

"En Chile estamos muy acostumbrados a las donaciones vía responsabilidad social de las empresas, pero es importante que sea el Gobierno quien colabore y distribuya la ayuda en planes más integrales, a través de los impuestos", puntualizó el representante de la Fundación para la Superación de la Pobreza en Chile.

Sebastián Troncoso, un bombero voluntario de Santiago que durante semanas estuvo trabajando en Constitución y Concepción, explicó a Efe que la zona de mayor devastación sigue sin agua potable, lo que dificulta enormemente el desarrollo de las actividades cotidianas.

"En Constitución harán falta años para reconstruir lo arrasado", aseguró

Troncoso se mostró preocupado porque como en la capital chilena todo funciona con aparente normalidad, el país empieza a olvidarse que la tragedia sigue latente.

"La gente ya no se acuerda, se preocupa sólo de lo suyo. Ojalá todos los que ayudaron durante los primeros días tengan presente que sigue habiendo gente necesitada de ayuda", insistió.

Y mientras 10.500 personas siguen sin agua en la región del Biobío y otras tantas pasan las noches en tiendas de campaña, los chilenos se preparan para la llegada del invierno y de las lluvias, que una vez más perjudicarán a los que menos tienen.

Un internauta que comentaba en la Red el hecho de que las casas más humildes fueron las que se vinieron abajo, resumió la situación diciendo: "no es el terremoto el que mata a las personas, sino las condiciones en las que viven".