La CIDH preocupada por el uso del poder punitivo contra los opositores venezolanos

La CIDH expresó hoy su profunda preocupación por el hecho de que Venezuela utilice el poder punitivo para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los opositores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refiere sobre todo a las acciones contra la juez María Lourdes Afiuni Mora, el ex gobernador y ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz y el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga.

El organismo indicó en un comunicado que durante su 138 periodo de sesiones recibió información sobre la situación de Afiuni, que se encuentra detenida y para la que se otorgaron el 11 de enero medidas cautelares, tras recibir amenazas de que la iban a quemar viva en la cárcel.

Afiuni fue detenida en diciembre después de haber ordenado la libertad condicional de Eligio Cedeño, un empresario acusado de "obtención fraudulenta de divisas", entre otros delitos.

El presidente Hugo Chávez pidió el 11 de diciembre que Afiuni fuera condenada a la "pena máxima de 30 años". Al día siguiente el Ministerio Público la imputó graves delitos.

La CIDH critica la acción contra la juez por el hecho de que ordenó la liberación de "una persona que había estado privada de libertad durante más de dos años, plazo máximo fijado en la ley".

Por otra parte, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fueron informadas de la detención del ex gobernador y ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz y la investigación sobre Guillermo Zuloaga por parte del Ministerio Público.

En ambos casos, las acciones fueron iniciadas a solicitud de un diputado de la Asamblea Nacional.

El 8 de marzo Álvarez Paz, ex gobernador del estado de Zulia y miembro de la Asamblea Nacional, denunció presuntos vínculos de altos funcionarios estatales con grupos vinculados al narcotráfico.

Al día siguiente, el diputado Manuel Villalba, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó una denuncia para que investigara su conducta y Álvarez Paz fue acusado de varios delitos, entre ellos el de ir contra la forma republicana de gobierno, instigación pública a delinquir, intimidación pública, informaciones falsas e incertidumbre pública.

El día 22 fue detenido y el 24 el tribunal ratificó su detención.

Por otra parte, el 24 de marzo el mismo diputado también solicitó al Ministerio Público una investigación contra Guillermo Zuloaga, presidente del canal Globovisión, por declaraciones realizadas en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En este sentido, la CIDH reiteró que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al político "constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana" y "conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos".

A su juicio, es esa falta de independencia la que ha permitido que se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos.

La CIDH manifestó en varias ocasiones "su grave preocupación" por la situación de la libertad de expresión en Venezuela.

El organismo considera que "los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas se encuentran cada vez mas reducidos, dado el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes".

Resulta "de enorme preocupación" que se imputen delitos como instigación a delinquir a quienes hacen denuncias o consideraciones sobre la situación del país", indica.

Además, agrega, hay un "preocupante consenso entre las autoridades de que es legítimo identificar a personas críticas con delincuentes".

La CIDH y su Relatoría urgieron al Gobierno de Chávez a evitar el uso de medios directos o indirectos para silenciar las opiniones críticas.

El presidente Chávez, que no autoriza que una delegación de la Comisión visite el país, dijo el pasado 25 de febrero que su Gobierno se prepara para "denunciar el acuerdo a través del cual se adscribió" a la CIDH, debido a un crítico informe en el que se denunció que el Gobierno venezolano "atenta" contra los derechos humanos y la democracia.