La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, afirmó hoy que en la actualidad el 3 por ciento de los canarios vive en exclusión social y el 30 por ciento en el umbral de la pobreza.

Rojas, en una comparecencia parlamentaria sobre la integración social de las personas beneficiarias de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI), instada por el grupo Nacionalista Canario, señaló que está Ley se elaboró en 2007, cuando todavía no había llegado la crisis económica, y su objetivo era "atajar y prevenir la exclusión social".

"Cuando se promulgó la Ley, en Canarias había un 3 por ciento de personas en exclusión social, hoy la exclusión social llega al 6 por ciento", subrayó la consejera.

La consejera, tras aseverar que esta Ley no estaba pensada para una crisis de tales dimensiones como la actual, indicó que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros más otros 5 millones para el pago de las nóminas de sus trabajadores.

"El perfil de la persona que percibe la PCI es el de una mujer que vive sola y que tiene hijos a su cargo; el 90 por ciento de los beneficiarios de la prestación son mujeres", añadió.

Rojas sostuvo que la Ley se está desvirtuando ante la actual coyuntura económica, "porque no está pensada para las personas que han sido despedidas y se les ha agotado las prestaciones por desempleo, esa labor es del Gobierno central, está pensada para personas, en su mayoría, repito, mujeres que están excluidas laboral y socialmente".

"La Ley se creó pensando en un periodo de pleno empleo, fue pionera en el Estado español y temíamos su efecto llamada", agregó.

Inés Rojas señaló que la Ley puede tener o no prestación económica y que en todos los casos hay un compromiso de las personas de hacer programas de inserción, "con el fin de rescatarlas de la exclusión social y reasentarlas en la vida social, laboral y escolar".

La consejera explicó que la Ley se aplica durante dos años y que las personas que se acogen a ella, tras realizar los programas de inserción a los que se han comprometido, adquieren cualificaciones y hacen prácticas en empresas y luego se pueden quedar ahí.

También reveló que se está cerrando un trabajo con los 88 ayuntamientos canarios para evaluar la Ley y para adaptarla a la nueva realidad.

Rojas señaló que la prestación puede ir de 460 euros a los 640 euros mensuales, "y hay personas a las que se les ofrece un trabajo de 800 o 900 euros y lo rechazan porque ya perciben 640 euros".

Reveló que hace poco se ofertaron 1.000 plazas y solo la aceptaron 320 y el resto la rechazó, "lo que significa que hay personas que se pueden acomodar a la prestación y rechazar empleos".

Carmen Hernández, del grupo Mixto, señaló que la Ley no está para las personas que no reciben prestaciones por desempleo sino para las que están en riesgo de exclusión social y pidió una revisión de la misma, "porque no solo no hemos sacado a los que estaban en riesgo de exclusión sino que se han metido otras".

Indicó que los programas específicos para la reinserción de estas personas las supervisan los ayuntamientos "por lo que hay que dotar a los ayuntamientos de medios, aunque también hay que analizar la situación en la que se encuentran las corporaciones locales".

"Es necesario que los municipio mantengan las plantillas de las personas contratada para la aplicación de la PCI", subrayó.

Rora Guadalupe Jerez, diputada del grupo Socialista, dijo que había que mejorar algunos aspectos de la Ley porque genera confusión.

Pidió traer cuanto antes al Parlamento la evaluación que se está haciendo con los ayuntamientos canarios para discutirla y aportar nuevas ideas, y mostró su preocupación por los que están "en el limbo de la Ley".