Se agotó su paciencia. O el Govern balear les embolsa el dinero que les adeuda desde hace meses o tendrán que cerrar los centros donde atienden a las personas con discapacidad psíquica y física. La Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a Personas con Discapacidad de Baleares (UNAC) convocó ayer a las 2.432 personas a las que atiende ante el Parlament balear para exigir que el gobierno que preside José Ramón Bauzá (PP) les pague los cuatro millones que les debe desde el mes de junio.

Centenares de personas con discapacidad, familiares y trabajadores de los centros de UNAC, acudieron a la protesta. El Gobierno balear mantiene conciertos económicos con varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas asociaciones de afectados, para que cedan sus instalaciones al colectivo. Las plazas son subvencionadas, al 100%, por la autonomías.

Los 561 profesionales que trabajan en UNAC no descartan tener que cerrar sus centros. De ser así, se suspenderían los talleres ocupacionales, centros de día y aulas de educación especial que prestan. Por su parte, Bauzà prometió a los concentrados que hará "lo máximo posible". Siguiendo la estrategia de la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, el presidente balear echó balones fuera y culpó al anterior gobierno (PSOE) de la situación. "Lo lamentable es que no se haya dejado el dinero para pagar, porque si estuviera el dinero, ya estaría pagado todo", aseguró. Los afectados piden que el Govern priorice el pago al sector.

La situación afecta a todas las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad en Balears. La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) todavía sufre un impago mayor. Llevan diez meses sin cobrar y la deuda ya asciende a 13 millones de euros. Fuentes de la asociación explican que, de seguir así, como mucho aguantarán abiertos medio año. "Es más que preocupante, teniendo en cuenta que se trata de un colectivo especialmente vulnerable", destaca un portavoz. FEAPS decidirá mañana qué acciones de presión emprende.

FEAPS denuncia que los retrasos en el pago a los centros de día y residencias es generalizado, pero donde más lo sufren es en los centros especiales de empleo, donde se da una salida laboral a estas personas.

Los centros andaluces son los que más ahogados están, la demora se alarga hasta 24 meses y algunos arrastran deudas desde 2008. Ayer, la junta FEAPS en la región se encerró en la Consejería de Empleo (PSOE). La situación también es grave en el País Valencià, Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.