Cincuenta agentes para desahuciar a una víctima de malos tratos

Sólo pedía tiempo, "unos días", para buscar donde alojarse con su hijo de 13 años. Teresa Lechuga, ahora desempleada y víctima de malos tratos, tiene que depositar mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Granada las llaves del piso que tiene alquilado en la calle Bernarda Alba del barrio granadino del Zaidín. Tiene que hacerlo antes de la 1.30 de la tarde, la hora límite que ha fijado la comisión judicial para que abandone la vivienda por impago de alquiler, después de dos intentos de desalojos previos que no se pudieron ejecutar por las acciones del grupo Stop Desahucios.

La mujer asegura que nunca se ha negado a abandonar el piso. "Quería que retrasaran la ejecución de la orden de lanzamiento hasta que encontrara una vivienda", relata. "En el juzgado me dijeron que no era su problema que yo no tuviera trabajo y que no pudiera pagar el alquiler", dice. Teresa llegó a hablar personalmente con el juez. Le dijo que el "procedimiento que no se podía parar".

"Nunca me he negado a abandonar la vivienda", afirma la mujer, que no ha podido pagar el alquiler porque se encuentra en paro desde septiembre, cuando la empresa en la que trabajaba la despidió dejándole a deber seis mensualidades, además de los domingos y festivos, cantidad que asciende a unos 3.000 euros.

Esta mañana se enfrentaba a la segunda orden de desahucio. Hacia las 6 horas, aproximadamente, llegaron a las inmediaciones de su vivienda cinco furgonetas de la Policía Nacional, con más de 50 agentes para echarla. Allí estaban los activistas del grupo Stop Desahucios, que el pasado 12 de marzo logró frenar la primera orden de desalojo. Más de 200 personas, muchas de ellas vecinas del barrio, se concentraron en la zona para impedir el lanzamiento. Hubo momentos de tensión entre los vecinos y la Policía, que detuvo a un joven de 19 años al que agarraron por el cuello.

Los manifestantes han denunciado "agresiones" por parte de las fuerzas de seguridad, que han propinado "codazos, empujones y puñetazos" cuando, tras pasar la comisión judicial el cordón, los concentrados han intentado hacer lo mismo para evitar la ejecución del desahucio. "Estaba en primera fila pidiendo a la Policía que no usara la fuerza y de repente no podía respirar porque los agentes me empujaban directamente en el pecho contra una señal de tráfico", relata Ana Quesada, una de las manifestantes.

La comisión judicial se marchó al ver la concentración ciudadana que había junto al inmueble y lo caldeado que estaba el ambiente por el desproporcionado despliegue policial que acordonaba la zona. Todos creyeron que había una nueva prórroga para ejecutar el desahucio. Pero la sorpresa llegaría más tarde. Cuando se disolvió la concentración, regresó la comisión judicial, con tres furgonetas de la Policía Nacional, entraron en el inmueble, llamaron a un cerrajero, cambiaron la cerradura del piso y le dijeron a la mujer que tenía un día de plazo para abandonar la vivienda.

Stop Desahucios ha denunciado la "maniobra judicial" que se ha producido para echar a la calle a una madre y su hijo, al entender que el desalojo es "ilegal" y que incumple lo estipulado en el lanzamiento. José Iglesias, abogado y miembro del grupo Stop Desahucios, ha mostrado su rechazo a la forma de la que se ha ejecutado el desalojo y ha afirmado que "las actuaciones judiciales tienen que ajustarse al día y la hora señalados".

Ana Guardia, de Stop Desahucios, ha recordado que "esta vecina del barrio del Zaidín es víctima de violencia de género y dejó de abonar el alquiler a causa de impagos por parte de la empresa en la que trabajaba antes de que fuera despedida". Guardia ha explicado que la inquilina recibió el viernes pasado la segunda orden de desahucio y ha criticado que entre las dos resoluciones hayan pasado "tan sólo nueve días". "Desde el 15M habíamos pedido al juez más tiempo para buscar una solución y que esta familia no se quedara en la calle", dice. "Pedimos a la justicia la misma rapidez para que se arregle el conflicto laboral con la empresa que le adeuda las nóminas a la mujer", agrega.

Teresa tendrá que dejar mañana su casa sin saber adónde ir. Hoy no cuenta con más ingresos que los procedentes de algunas horas semanales que dedica a limpiar en casas y le falta un mes para poder cobrar el desempleo. Ella insiste en que tenía intención de saldar su deuda con el arrendatario a través de los 3.000 euros que le abonó al firmar el contrato con opción a compra. "Se ha negado a devolverme ese dinero y a utilizarlo para saldar los 1.900 euros que debo de alquiler", insiste.