Este jueves 14 de noviembre se cumple un año de la huelga general en la que Esther Quintana perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma en pleno centro barcelonés. Sin embargo, en este triste aniversario, el conseller de interior, Ramón Espadaler, tiene previsto comparecer en el Parlamento catalán para valorar otra actuación policíal, la que el pasado 6 de octubre acabó con la muerte del empresario Juan Andrés Benítez tras una violenta detención en El Raval y por la cual ocho agentes prestaron ayer declaración ante la juez como imputados por delitos contra la vida, contra la integridad moral y también por obstrucción a la justicia y coacciones.

Este caso ha tensado aún más las relaciones entre la policía catalana y la ciudadanía, especialmente en Ciutat Vella, uno de los barrios más conflictivos de la Ciudad Condal. De hecho, varias asociaciones vecinales y sociales han programado una manifestación que saldrá a las 19.30 horas de este jueves desde la calle Aurora, donde tuvo lugar el fatídico arresto de Benítez, continuará en el Paseo de Gracia, donde fue herida hace un año Quintana, y acabará en la Plaça Sant Jaume, para exigir justicia por todas aquellas víctimas de abusos policiales y pedir la depuración de la comisaría de Nou de la Rambla, donde actualmente cuenta por 15 los agentes imputados.

Uno de los colectivos que participará en esta movilización será Arrels, un despacho de abogados comprometido con la justicia social que desde hace años asesora a las víctimas de la brutalidad policial, la mayoría inmigrantes y trabajadoras sexuales, aunque también llevó el caso de Bertran Cazorla, el periodista que fue detenido tras recriminar, según su versión de los hechos, la actuación de los mossos en el arresto de unos lateros. Cazorla denunció malos tratos en la comisaría de Ciutat Vella durante el tiempo que estuvo retenido y hay tres agentes imputados.

Andrés García Berrio, uno de los abogados que forma parte de Arrels, asume sin reparos que nada de lo ocurrido en las últimas semanas le ha sorprendido: "La muerte de Benítez es solo la punta del iceberg de la impunidad policial que existe en Ciutat Vella y que llevamos tanto tiempo denunciando. Afortunadamente, la sociedad civil está cada vez más concienciada y está ayudando a dar visibilidad a los casos de vulneración de los derechos humanos". García Berrio se refiere a la "tolerancia cero" que tanto su asociación como otras igual de activas, como la Asociación de Vecinos del Raval -cuyo presidente se niega a dar declaraciones-, llevan tiempo proclamando. El debate, para este joven abogado, no es sólo de formas; también es de fondo: "Muchos policías no entienden que estamos en un Estado de derecho. Una policía democrática no se convierte en tal por haber nacido en democracia, debe ganarse dicho adjetivo siguiendo los protocolos de actuación, huyendo de la opacidad y las extralimitaciones. A muchos mossos les falta formación en derechos humanos".

Por su parte, muchos agentes que patrullan las calles barcelonesas se sienten en el punto de mira. No obstante, los sindicatos han frenado un intento de concentración del cuerpo policial autonómico para este mismo jueves porque, según fuentes sindicales, "no beneficiaría el proceso judicial de los ocho compañeros imputados". Sin embargo, Toni Castejón, portavoz del Sindicat de Mossos d'Esquadra-CCOO, asegura a Público que "en muy poco tiempo acabaremos viendo a los mossos movilizarse en las calles. Hay mucha indignación y es hora de limpiar nuestra imagen".

Algunos mossos consultados por este diario aseguran haber recibido órdenes de "relajarse" por parte de sus comisarios y deslizan cierta frustración a la hora de intervenir en plena calle, donde patrullar, confiesan, es cada vez más complicado: "Si la gente en lugar de respaldarnos nos juzga... ¿Qué necesidad hay de actuar y arriesgar el puesto de trabajo?". Episodios como el ocurrido el pasado 1 de noviembre en el barrio barcelonés del Turó de la Peira, cuando al intentar detener a un hombre armado con un cuchillo, diez mossos se vieron obligados a abortar el arresto porque una multitud de vecinos obstaculizó la detención, son, según Castejón, cada vez más habituales y tensan el día a día de los agentes: "Lamentablemente éste no fue un caso aislado. Ir a identificar a alguien en Ciutat Vella se ha convertido en un calvario. Te graban con el móvil, te gritan 'asesino', los vecinos se arremolinan en tu contra... Sinceramente, se te quitan las ganas de actuar. Si la actitud de la calle es la de torpedear una detención o requerimiento, la seguridad obviamente acabará decreciendo".

Curiosamente, los delitos y robos con violencia han descendido notablemente en Ciutat Vella en el último año, según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona. Los vecinos de este distrito, sin embargo, parecen haberle dado la espalda a la estadística. "Los policías no deben ser respetados por el simple hecho de ser policías. El respeto deben ganárselo. Tampoco pueden defender su trabajo con cifras. Hay mucho corporativismo y victimismo en el cuerpo y poca autocrítica. Costará que los ciudadanos recuperen la confianza", sostiene García Berrio.

En la marcha en contra de la impunidad policial prevista para este jueves también asistirá la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que en un comunicado aseguran que "algunos de los criterios de actuación de los mossos son propios de una policía política". Es por eso que en la manifestación de hoy también se pedirá la reprobación del conseller de Interior, Ramón Espadaler, y la dimisión del director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat.