La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) pidió ayer al Gobierno que prohíba las concentraciones de grupos pro vida a menos de 500 metros de sus centros. 'Cuando terminan de rezar el rosario, aparecen los insultos. Ejercen mucha presión a las mujeres', denunció la vicepresidenta de ACAI, Francisca García.

La asociación también solicita que las lesiones e intimidaciones que se produzcan al personal sanitario de las clínicas sean calificadas por los fiscales como un delito de atentado de los contemplados en el artículo 550 del Código Penal. Éste castiga el atentado a una autoridad, sus agentes y sus funcionarios, así como a quien participe en el ejercicio de funciones públicas como, defienden, hace el personal de estos centros. En España, el 98% de los abortos se realizan en clínicas privadas.

Más seguridad

Las clínicas piden asimismo que se les permita instalar cámaras de videovigilancia que les permitan grabar también en los alrededores de los centros. El objetivo es ayudar a identificar a los miembros de los grupos proabortistas que, denuncian, no sólo atemorizan con insultos a las mujeres que van a abortar, sino que en ocasiones ejercen la violencia contra las instalaciones de los centros.

El gerente de la clínica Dator de Madrid, Agustín Blázquez, explicó que ACAI hará llegar todas estas quejas al Ministerio del Interior. El presidente de la asociación, Santiago Barambio, remarcó que la denuncia se hará de forma constante.

Un total de 59 clínicas que practican abortos cerraron ayer sus puertas en protesta por las agresiones que sufren. Por ello, ayer se dejaron de practicar unos 500 abortos. Con la protesta, las clínicas de abortos quisieron mostrar su duelo por el asesinato el mes pasado de George Tiller, un conocido médico estadounidense, a manos de un activista antiabortista.