Colombia declaró el jueves el estado de emergencia interior para afrentar una huelga del sector judicial, la más larga en la historia del país, que mantiene paralizada la justicia desde hace 35 días y amenaza con provocar una excarcelación masiva de delincuentes.

La emergencia, más conocida como Estado de Conmoción Interior, le permite al Gobierno expedir decretos con carácter de ley sin la necesidad de la aprobación del Congreso durante un tiempo no mayor a 90 días, prorrogables hasta por dos periodos iguales.

"El Gobierno Nacional ha declarado esta noche el Estado de Conmoción Interior para el tema de la justicia. Como consecuencia de esta parálisis de actividades han quedado en libertad más de 2.720 personas capturadas por la sindicación de delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes", anunció el presidente, Álvaro Uribe.

El mandatario indicó que la administración de justicia acumula más de 120.000 procesos sin fallar y unas 25.000 vistas que no se han celebrado por la huelga.

Se trata de la segunda vez en la que Uribe declara un Estado de Conmoción Interior desde que asumió el poder, en agosto de 2002.

El sector judicial, que emplea a unas 40.000 personas en Colombia, inició el paro para exigir al Gobierno un aumento de salarios.

El Gobierno concedió el lunes por decreto un incremento salarial de un 2 por ciento para los jueces y de un 4 por ciento para los demás empleados de la justicia.

Pero las subidas fueron rechazadas por el poderoso sindicato del sector judicial, que decidió continuar con la huelga.

Pese a la declaración de Conmoción Interior, Uribe anunció que mantiene abierta la puerta al diálogo con el sindicato que representa a los jueces y a los trabajadores judiciales, pero insistió en que no puede ser irresponsable y conceder los aumentos salariales que reclaman porque el país no cuenta con el suficiente presupuesto.

El sindicato respondió que la decisión del Gobierno no tiene ningún soporte jurídico ni Constitucional y anunció que demandarán la declaración de emergencia y los decretos ante un tribunal que debe revisar su legalidad.

La primera medida que adoptó el Gobierno para restablecer los servicios de justicia fue otorgar facultades extraordinarias a un tribunal para crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios del poder judicial como jueces y magistrados, con el objetivo de reemplazar a los que se encuentran en huelga.

Una vez su levante la huelga, los nuevos funcionarios designados continuarán trabajando para descongestionar la justicia, apuntó el presidente.