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Colombia se defiende en Ginebra y Ecuador acusa a Uribe de planear el ataque

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La tensión entre Colombia y Ecuador por el reciente ataque colombiano contra una base de la guerrilla de las FARC se reflejó hoy en Ginebra, donde Bogotá defendió su política y acusó a la guerrilla de buscar una "bomba sucia" radiactiva y Quito denunció que la operación estaba perfectamente planeada.

El vicepresidente colombiano, Francisco Santos Calderón, que intervino hoy ante la Conferencia de Desarme de la ONU, denunció la supuesta intención de la guerrilla de las FARC de hacerse con material radiactivo para fabricar una "bomba sucia".

Santos Calderón explicó que en dos computadoras incautadas el pasado fin de semana y que pertenecían a "Raúl Reyes", el "número dos" de las FARC abatido el pasado sábado, se encontró información sobre la posible "negociación de material radiactivo, base primaria para generar armas sucias de destrucción y terrorismo".

A ese respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, Gustavo Jalkh, respondió en conferencia de prensa que se trata de "una maniobra de distracción" para desviar la atención del hecho evidente de que Colombia cometió "una agresión flagrante" contra la soberanía territorial de Ecuador.

Dijo que las fuerzas colombianas entraron "tres kilómetros en el interior de Ecuador, por tierra" y que la violación aérea fue aún mayor.

Jalkh, que intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la agresión, fue muy claro al asegurar a los periodistas que el ataque militar contra la base de las FARC no fue fortuito, sino "planificado" por el propio presidente de Colombia, Álvaro Uribe.

El ministro no descartó que el fin fuera evitar nuevas liberaciones de rehenes por parte de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Los hechos hablan de un plan muy meditado y muy planificado... y hay elementos que hacen pensar" en que el objetivo buscado podría ser "detener los avances que se estaban dando para liberar a un número importante de rehenes", entre ellos la franco-colombiana Ingrid Bethancout, dijo Jalkh en conferencia de prensa.

"Los hechos se producen en un contexto cuando hay unos avances, unos esfuerzos humanitarios que van dando la perspectiva de un resultado a corto plazo de una liberación importante de rehenes", agregó.

"Todos esos avances estaban igualmente en conocimiento del gobierno de Colombia, de tal manera que (el ataque militar) iba sin duda, previsiblemente, a llevar al estancamiento de esos avances", aseguró el ministro ecuatoriano.

"Quiere decirse que también se meditaron y se midieron los efectos que esa acción iba a tener", insistió.

En respuesta a una pregunta sobre algunas especulaciones publicadas según las cuáles Uribe no estaría interesado en una liberación de Bethancourt porque podría ser una rival a la Presidencia, Jalkh afirmó que "los hechos relatados de esta manera pueden hacer pensar en una serie de elementos, incluyendo este".

El ministro subrayó que su gobierno tiene "tolerancia cero" con la presencia de las FARC en su territorio y que eso está demostrado con hechos.

Se refirió, en ese sentido, al discurso del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en el que anunció la ruptura de relaciones con Colombia, y en el que señaló que en 2007 se desmantelaron 47 campamentos de las FARC.

Jalkh negó tajantemente que conociera la existencia de la base atacada, y subrayó que Ecuador siempre ha sido respetuoso con el principio de no intervención en el conflicto colombiano.

"Siempre lo hemos considerado un conflicto interno de Colombia, aunque nos causa preocupación y por ello hemos dado nuestra ayuda permanente de carácter humanitario", dijo.

En ese sentido, aseguró que Ecuador no ha dado ningún estatuto de beligerancia a las FARC -tampoco le ha dado el de grupo terrorista- y dijo que el gobierno de Correa "no tiene ningún contacto oficial con ese movimiento, sólo en el marco humanitario", con el total conocimiento de las autoridades de Colombia y de Francia.

Acerca de esos contactos humanitarios, Jalkh se remitió a lo anunciado por el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, de que se produjeron "en un tercer país, ni Colombia ni Ecuador", pero no quiso revelar dónde.