Colombia solicitó el viernes a España que explore mecanismos de verificación y vigilancia de la situación en la frontera con Venezuela, tras la detención y posterior asesinato de varios de sus connacionales en medio de un deterioro de las relaciones diplomáticas con Caracas.

Las relaciones binacionales se enfrentan a una crisis en medio de las acusaciones de Caracas de espionaje al Gobierno del presidente Alvaro Uribe y de los cuestionamientos de Bogotá por el secuestro y posterior asesinato de nueve de sus ciudadanos en territorio venezolano por un grupo armado.

"El ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, se comunicó en la mañana con su homólogo español, Miguel Angel Moratinos, para explorar esa posibilidad", dijo un escueto comunicado de la cancillería colombiana.

La crisis surgió por la oposición del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el más fuerte crítico de Estados Unidos en América Latina, a un acuerdo que firmó Uribe con Washington y que da acceso a militares estadounidenses a siete bases en Colombia durante 10 años para realizar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo.

El mandatario venezolano sostiene que desde las bases militares de Colombia, Estados Unidos quiere tener la plataforma para invadir su territorio y bloquear la revolución bolivariana que impulsa a favor de los más pobres.

Pero Colombia sostiene que el tratado no autoriza a Estados Unidos a lanzar operaciones ofensivas contra terceros países, sin lograr calmar las críticas de Chávez y de otros mandatarios de izquierdas de la región.

El mandatario venezolano ordenó detener el comercio con Colombia, que asciende a más de 7.000 millones de dólares anuales.

La situación entre los dos países se agravó a comienzos de esta semana por el asesinato de dos efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela en al frontera con Colombia, lo que provocó el cierre de la frontera.

Además, un centenar de colombianos indocumentados fueron detenidos el jueves por las autoridades venezolanas cuando trataban de entrar en ese país.

El Gobierno venezolano ordenó el despliegue de 15.000 efectivos de la Guardia Nacional en varios estados fronterizos con Colombia y Brasil para combatir a los grupos armados ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal.

Colombia no reveló detalles sobre los mecanismos de verificación y monitoreo que podría poner en marcha España en la frontera de 2.219 kilómetros en la que se ha detectado la presencia de guerrilleros izquierdistas, paramilitares de ultraderecha, narcotraficantes y contrabandistas.