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"Colombia sufre una crisis estructural del Estado de derecho"

Director de CODHES. El responsable de la ONG decana de Colombia denuncia la existencia del drama humanitario

G. C.

Aferrado a una lucha civil feroz, el director de la ONG de derechos humanos más antigua de Colombia cree que su país vive una situación grave.

¿Cuál es la situación de los desplazados en la actualidad?

Hay una mala noticia, ya que el desplazamiento forzado sigue creciendo. Estamos ante una crisis humanitaria de enorme magnitud y degradante. En estos momentos ya hay entre tres y cuatro millones de desplazados forzados en Colombia, el segundo país del mundo después de Sudán.

¿Quiénes son los culpables de esta situación?

Todos los que participan en el conflicto mantienen su decisión de atentar y agredir a la población civil. Lo hace la fuerza pública con bombardeos y capturas arbitrarias, además de ejecuciones extrajudiciales. Lo hace la guerrilla, que siembra de minas diferentes zonas habitadas por población civil o militares y que mantiene como una política de presión política el secuestro de personas y el reclutamiento forzado, incluso de menores. Finalmente, están los paramilitares que se apoderan de las tierras de los campesinos pobres con el objetivo de imponer otros usos en el campo, especialmente agrocombustibles y hoja de coca, con intereses abiertamente expuestos a favor del Gobierno.

Pero fuentes oficiales niegan este último supuesto y aseguran que gracias a la política de Seguridad Democrática se está imponiendo el Estado de derecho.

El Gobierno maneja estas cifras sobre el desplazamiento forzado en Colombia desde hace tiempo. Estos números suponen casi el 10% de la población total del país. A pesar de que es cierto que se han producido importantes mejoras en la seguridad de las áreas urbanas, una lectura razonable sobre la existencia de cuatro millones de desplazados forzados debería llevarnos a concluir que Colombia sufre la crisis estructural de un Estado de derecho que no garantiza la posibilidad de vivir y trabajar en un sitio ante las amenazas y la violencia.

En su opinión, ¿qué puede significar un tercer mandato de Álvaro Uribe?

Prolongar la presidencia de la República durante 12 años pone en peligro todo el esquema de equilibrios de poderes democráticos, toda vez que en manos de la presidencia se concentra ahora mismo buena parte de los organismos del poder judicial y de los aparatos de control del Estado como el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Televisión. Vamos camino de una suerte de autocracia.

Sin embargo, Uribe ha logrado éxitos indiscutibles en materia de seguridad

Sí, pero nadie es insustituible por haber hecho méritos importantes en algunas zonas del país o que haya logrado una confianza inversionista. Fuera de este escenario están ocurriendo cosas graves, sobre todo donde hay guerra o donde hay pobreza.

¿Cree que existe espacio para otro candidato?

Sí, no tengo dudas de que ya se han abierto espacios para sustituir a Uribe y para buscar caminos distintos al modelo que hemos seguido en el país.

¿Esa alternativa es el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos?

En el núcleo del poder hay una cierta fractura entre quienes desean eternizar a Uribe, que son los sectores más atrasados de la economía rural y los que han estado comprometidos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo, y quienes están convencidos de que Uribe ya no es necesario porque el Estado ha llegado al límite en su ofensiva militar y de que se acerca el momento de buscar canales de diálogo para solucionar el conflicto. En este bloque está el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos.

Los últimos meses están siendo especialmente duros para el presidente, salpicado por escándalos como el de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué se esconde detrás de esta trama?

Nos estamos quedando a medio camino. El Gobierno, presionado por los medios de comunicación y la comunidad internacional, se vio en la obligación de separar a 27 altos oficiales del Ejército y condenar estos crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, nadie está encarcelado, ni se ha abierto ningún proceso judicial y ni siquiera ha comenzado una investigación que determine quién dio las órdenes que ellos ejecutaron.

Otro caso grave es el del espionaje a altos funcionarios por parte del servicio secreto civil. ¿Se están depurando responsabilidades?

En Colombia hay un espionaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los periodistas, a los políticos de la oposición y a los defensores de derechos humanos. Este escándalo muestra cierta catadura policiaca y autoritaria que se ha instalado en lo más alto del Gobierno.

Sus acusaciones son muy fuertes.

Pero es que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) depende de Uribe.

¿Cuál es su opinión sobre las extradiciones de líderes paramilitares a EEUU?

Intenta silenciarse la verdad de lo que ocurrió en Colombia. No obstante, algunos de los paramilitares han contado que no sólo había políticos al servicio de esa máquina criminal sino que había empresarios y militares.

¿Vive con miedo?

El problema principal para mi no son las amenazas que recibo, sino que el derecho a expresarse libremente está cada vez más constreñido. Si el presidente de Colombia dice que los defensores de derechos humanos somos terroristas vestidos de civil, cualquiera puede creer que amenazar de muerte es parte de su deber. A esos niveles de perversión estamos llegando en Colombia.

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