La comisión de los ERE pedirá permiso para interrogar a los encarcelados

La comisión parlamentaria que investiga los ERE irregulares de la Junta de Andalucía pedirá permiso a la juez que instruye el caso y a Instituciones Penitenciarias para interrogar a Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, y a Francisco Javier Guerrero, ex director general, ambos en prisión preventiva.

Fernández y Guerrero figuran en la primera relación de comparecientes aprobada por la comisión, junto con otros excargos de la Junta que han sido imputados, diecisiete responsables del actual o de anteriores gobiernos andaluces, entre ellos José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y tres dirigentes del PP, Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido y Eduardo Zaplana.

El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), ha confirmado en rueda de prensa que para abordar las comparecencias de Antonio Fernández y de Francisco Javier Guerrero solicitará permiso tanto a la juez Mercedes Alaya como a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

García no ha dejado claro el formato y contempla el desplazamiento de los comisionados a la cárcel, que los encarcelados acudan al Parlamento o incluso que la comparecencia se realice a través de una videoconferencia.

Aún no hay fecha definitiva ni orden para ninguna de las comparecencias, una duda que resolverá el presidente de la comisión en los dos próximos días tras consultar a los grupos y comprobar la disponibilidad de los declarantes, pero sí está confirmado que el 23 de julio comenzarán las declaraciones y que a las 25 ya decididas se sumarán otras tantas hasta aproximarse al medio centenar.

García ha insistido en que tanto la ampliación de declarantes como la solicitud de información por los grupos será "flexible" y que la fecha límite de la comisión (30 septiembre) es también modificable.

De hecho, tanto el presidente como los grupos barajan suspender los trabajos de la comisión durante la primera quincena de agosto.

Por otra parte, ha negado un "pacto" entre PSOE e IU en relación con los comparecientes y ha dicho que lamentaría y vería "poco riguroso" que el PP abandonara la comisión.

"Yo no conozco ningún tipo de pacto y si alguien tiene pruebas que lo diga", ha afirmado.

Según los datos aportados por García, la mayoría de los 25 comparecientes han salido adelante con los votos de PSOE, IU y PP, y otros con los de PP e IU.

Sobre la documentación aprobada, se encuentra la relativa a los organigramas de consejerías y entidades; la totalidad de los ERE que se han llevado a cabo y los que han recibido ayudas o peticiones sobre resoluciones, convenios, órdenes, informes o información acerca de compañías aseguradoras.

Respecto al rechazo a que sean solicitadas las actas de los consejos de gobierno o la contabilidad del antiguo IFA, García ha sostenido que se ha intentado buscar un equilibrio entre la eficacia y la exhaustividad, y ha opinado que el exceso de información de gran volumen "bloquearía" a la comisión.

En total, han sido 99 documentos aprobados de un total de 165 solicitados.

"No hay ningún veto a nadie", ha replicado García a las acusaciones del PP, que ha recordado que se trata una comisión de investigación "política" que intenta establecer responsabilidades en este ámbito y no llevar a cabo un procedimiento judicial "paralelo" ni reproducir sumarios judiciales o realizar informes de fiscalización contable.