Competencia multa con 61 millones de euros a las principales eléctricas

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado con 61 millones a la patronal y a las cinco princiales eléctricas del país, de las que Endesa, con 26 millones, e Iberdrola, con 21,6 millones, se llevan la mayor parte, por obstaculizar el mercado libre, según ha informado hoy el organismo. Una decisión que ya ha sido aplaudida por organizaciones de consumidores que consideran que ha quedado demostrado lo "anticompetitivo del sector".

Competencia dictamina que éstas son responsables de obstaculizar el cambio de comercializador en el mercado libre y de tratar de fijar precios a los grandes clientes en el marco de la desaparición de las tarifas.

Se trata de la segunda mayor multa acordada por el organismo que preside Luis Berenguer, por detrás de la que impuso al sector asegurador en 2009 por 120,7 millones de euros.

Además de las sanciones de Endesa e Iberdrola, se han impuesto multas a E.ON España, 1,4 millones; Gas Natural Fenosa, 8,8 millones; Hidroeléctrica del Cantábrico, 1,8 millones, y a la patronal eléctrica Unesa, 900.000.

Acordaron no facilitar datos para dificultar a las independientes captar clientes

Según el organismo, las empresas acordaron no facilitar datos para dificultar a las comercializadoras independientes captar clientes, a la vez que obstaculizaron la aplicación de la normativa y coordinaron el corte de las gestiones de solicitudes de cambios.

Junto a esto, Competencia explica que las eléctricas pactaron los precios y otras condiciones comerciales para los grandes clientes cuando salieran al mercado ante la desaparición de la tarifa regular.

El organismo añade que todas estas actuaciones se produjeron en el seno de la patronal eléctrica Unesa, donde se agrupan las cinco eléctricas que representan el 99 % de la energía comercializada a clientes domésticos.

Competencia explica que en junio de 2009 abrió la investigación tras conocer, a través de la Asociación de Comercializadores Indepedientes de Energía (ACIE), determinadas comunicaciones entre Iberdrola y Endesa por la suspensión de la gestión telemática de solicitudes de baja.

A la vista de dicha información, se inició una investigación en la que descubrió que el resto de las empresas habían enviado notas similares. El organismo señala que se trataba de un momento importante para la comercialización de energía eléctrica, porque el 1 de julio de 2009 desaparecían las tarifas y los consumidores domésticos y pymes tenían que elegir comercializadora en el mercado libre.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha aplaudido hoy la sanción de más de 60 millones de euros. En un comunicado, la organización recuerda que se personó en este expediente para asegurarse de la salvaguardia de los intereses de los consumidores domésticos y considera la resolución "una prueba más del funcionamiento anticompetitivo del mercado eléctrico en España".

"Es una prueba más del funcionamiento anticompetitivo del mercado eléctrico"Además, anima a la CNC a que continúe "por la senda de la aplicación estricta de las normas de competencia" en un sector que "no funciona de forma suficientemente competitiva, impidiendo a los consumidores disfrutar de los supuestos beneficios en términos de precio y calidad que la liberalización hubiera debido producir".

La organización considera que en ausencia de unos mercados con las suficientes garantías de competencia, el Gobierno "no puede suprimir" la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR), que es "la única barrera que aún protege a los consumidores frente a un mercado que no funciona de forma competitiva".

Por último, la OCU recuerda que está realizando una campaña en contra de la supresión de la TUR y de las subidas de tarifas eléctricas, que hasta el momento ha recabado la adhesión de más de 90.000 consumidores.