El Estado comprará suelo por concurso

Entre ayudar con dinero público a una empresa en suspensión de pagos (Martinsa Fadesa) y mejorar la liquidez de un sector de la economía en crisis (el inmobiliario), el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía han encontrado una fórmula de consenso: comprar suelo por concurso al que puedan acudir todas las empresas que quieran.

Esta fórmula se presentará la semana que viene a las Comunidades Autónomas en la reunión multilateral que el Ministerio de Vivienda tendrá con los directores autonómicos. Luego llevará un informe al Consejo de Ministros antes del verano, si es posible, y la compra de suelo no empezará hasta otoño.

Las empresas inmobiliarias tienen un grave problema de liquidez porque no se venden los pisos. A raíz de la solicitud de Martinsa Fadesa de concurso de acreedores, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, planteó la posibilidad de que el Estado comprara suelo como una forma de facilitar liquidez.

Desde Economía se rechaza totalmente la posibilidad de ayudar directamente a una empresa mediante la compra de suelo. El vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, ha reiterado varias veces su postura: el dinero que los ciudadanos pagan con sus impuestos no está para ayudar a una empresa con problemas.

Sin embargo, acepta que una parte del dinero público se destine a comprar suelo sobre el que edificar Viviendas de Protección Oficial (VPO). Pero la compra de suelo debe hacerse mediante un sistema de concurso que garantice la igualdad de todas las empresas en el proceso.

Y que el precio sea el adecuado para VPO, es decir, bajo. Eso significa que las empresas que deseen concurrir al concurso pueden tener que reducir el precio respecto al valor que le adjudican en sus balances.

Son las Comunidades Autónomas –que tienen las competencias en vivienda– las principales responsables de impulsar la construcción de VPO. Cuando las promotoras tienen una parcela nueva están obligadas a ceder, por ley autonómica, una parte a vivienda protegida y eso lo suele gestionar el ayuntamiento. En paralelo, el Estado da ayudas a promotores para impulsar la VPO y a los compradores.

Intervencionismo o promoción 

Que el Estado compre suelo a las inmobiliarias es considerado por el Partido Popular una medida intervencionista que, según Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del PP, recuerda a la “Unión Soviética de los años setenta”.

Sin embargo, el PSOE defiende la medida porque, según Inmaculada Rodríguez-Piñero, se combinan los objetivos de facilitar vivienda asequible y liquidez a unas empresas que se encuentran con dificultades. 

El Gobierno puede combatir la crisis inmobiliaria incrementando su gasto productivo en infraestructuras. Es la tesis que defendió ayer David Taguas, que hace tres meses dejó la dirección de la Oficina Económica del Presidente para ponerse al frente de la patronal de las grandes constructoras, Seopan.

Taguas, que reconoció que cuando estuvo en Moncloa siguió los problemas de la inmobiliaria Martinsa Fadesa, aseguró que “el Gobierno tiene la ventaja de que cuenta con enorme margen de maniobra”, por el beneficio generado en los últimos años, para aumentar su esfuerzo inversor (apuntó a una subida de medio punto) y paliar los efectos de la crisis.

Como representante del lobby de los constructores, Taguas defendió lo que éstos llevan mucho tiempo pidiendo: que el Estado construya más infraestructuras. Para ello, indicó posibles colaboraciones con la empresa privada para construir, por ejemplo, carreteras y desaladoras.

En el mismo coloquio, Pedro Pérez, del G-14, que reúne a las grandes inmobiliarias, reconoció “excesos en la producción y venta de vivienda” y criticó la postura del Ejecutivo de “no atender al sector”.