Las comunidades, firmes ante el 'medicamentazo' de Mato

"Que se dejen de financiar los medicamentos tiene un doble perjuicio, porque son muy usados y se corre el riesgo de que les suban el precio". María Jesús Montero, consejera de Salud de la Junta de Andalucía, teme que el medicamentazo de Ana Mato tenga otro efecto negativo: no sólo pagar por las medicinas, sino también un precio superior al que tenían antes de que el Ministerio de Sanidad anunciase que dejaría de financiar 456 medicamentos para ahorrar 440 millones de euros.

Montero ha advertido de que velará para que no se produzca un alza de precios, por lo que hoy mismo pedirá en el Consejo Interterritorial de Salud que se vigile una hipotética subida por parte de las farmacéuticas. "En Andalucía nadie va a pagar nada", insistió la consejera andaluza en referencia a pensionistas y rentas inferiores a 18.000 euros, obligados a pagar por las medicinas hasta un tope de 18 y 8 euros, respectivamente. El consumo que exceda esa cifra, aseguró, correrá a cargo de la Junta.

El País Vasco tampoco permitirá que el nuevo copago afecte a sus ciudadanos. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, criticó que las "soluciones" pasen por los más débiles, cuando hay otras alternativas para que el sistema siga siendo viable. "No nos parece de recibo quitar esos medicamentos de esa forma", se quejó Bengoa, quien lamentó –además de "no estar preparados técnicamente" para implantar la medida– la falta de información al respecto. 

Catalunya, aunque podría aplicar el copago el 1 de julio, según el consejero de Salud, Boi Ruiz, no comenzará a hacerlo hasta agosto. En todo caso, tratará de que pensionistas y personas con menos recursos paguen más del tope 8-18 euros, según Boi, cuya consejería "procurará no perjudicar a los enfermos".

Frente a la posición de Andalucía (que recurrió los recortes ante el Tribunal Constitucional) y del País Vasco (que aprobó un decreto para garantizar la gratuidad de su sistema sanitario), las regiones del PP se pliegan al decretazo de Mato. Tanto el consejero castellano-leonés, Antonio María Sáez Aguado, como el conseller, Luis Rosado, se han mostrado "de acuerdo" y "preparados" para aplicar el cobro de los medicamentos, aunque reconocen que podría  haber algún problema con el nuevo sistema, aunque lo consideraron "lógico y natural ".