Las comunidades quieren participar en el informe sobre impacto autonómico

La mayoría de las comunidades autónomas quiere participar en la elaboración del informe específico sobre el impacto autonómico de los proyectos normativos del Gobierno, según una encuesta de Efe a los Ejecutivos regionales.

No obstante, Galicia apuesta por la bilateralidad y Castilla y León, Madrid y Asturias prefieren que esos informes se hagan desde la Administración central.

Navarra cree que se pueden hacer en las Conferencias Sectoriales, Canarias aprovecha para pedir una modificación de la Constitución y que se haga a través del Senado y el País Vasco elude pronunciarse.

El pasado 17 de junio, la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia en la Cámara Alta anunció que el Gobierno exigirá que todos sus proyectos normativos incluyan ese informe, que analizará su adecuación competencial e incidencia en el ordenamiento jurídico de las comunidades.

Para La Rioja "ya es hora" de tomar esa medida y habría que revisar las normas ya aprobadas, por lo que "resulta imprescindible" que las autonomías participen en la elaboración del informe.

Tras reiterar que el Ejecutivo legisla sin tener en cuenta el Estatuto, la Generalitat de Cataluña considera positiva la decisión, ya que contribuirá a reducir la conflictividad competencial, además de tener en cuenta su opinión previamente.

Desde Murcia se recuerda que es una vieja demanda de las comunidades; señala que el informe debe reflejar la distribución competencial y se muestra a favor de participar.

Baleares cree que el informe previo es "imprescindible" y "una acción federalizante", al tiempo que apuesta por "la máxima colaboración posible".

Cantabria dice que la idea es "muy buena" y un instrumento útil para fomentar el diálogo y la cooperación; anima a que tenga en cuenta la distribución competencial y el impacto presupuestario y "sería lo más deseable" estar en la elaboración.

A Andalucía le parece "muy positiva y acertada", ya que reducirá la litigiosidad competencial y reforzará la colaboración, incluso entre los juristas de la Administración central y de las autonómicas.

Desde la Vicepresidencia de Galicia se afirma que el mismo Departamento que hace la norma no puede hacer el informe; opina que muestra "la mala conciencia" del Gobierno y apuesta por la bilateralidad para debatir con carácter previo cualquier norma.

Aragón señala que minimizará los contenciosos, pide que el informe respete los Estatutos y destaca que "sin duda" las comunidades deberían participar y dar su opinión.

Tras considerar positiva la propuesta, Castilla y León confía "en el buen criterio" de los abogados del Estado, aunque espera a ver cómo se elaboran los informes para pronunciarse.

Realizar ese estudio previo es una propuesta acertada, especialmente si recoge el presupuesto que supone aplicar la norma para el Gobierno de Madrid, quien defiende que debe de ser realizado por el propio Estado.

En parecidos términos se expresa Asturias, para quien, si legisla el Estado, debe de ser éste quien haga el análisis del impacto autonómico.

La Generalitat Valenciana cree que es "un brindis al sol" y lo importante es el debate sobre financiación autonómica, aunque matiza que las comunidades "hace tiempo" que deberían ser oídas en cuestiones como ésta.

Para Navarra la propuesta es "oportuna y necesaria" y cree que se debe tener en cuenta la opinión de las autonomías, aunque "bastaría con recurrir" a las Conferencias Sectoriales.

Canarias la ve "muy acertada", pero llega con 25 años de retraso; pide que se analicen los hechos diferenciales y destaca que la participación de las comunidades debería estar institucionalizada, a través de Conferencias Sectoriales u otros instrumentos parlamentarios, sin descartar una reforma constitucional y que sea a través del Senado, convertido en una verdadera Cámara territorial.