Conde-Pumpido dice que si existe un Plan B y C abertzale, la Policía también lo tiene

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho hoy que si la izquierda abertzale tiene un "plan B" o "plan C" para presentarse a las elecciones, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad del Estado también lo tienen, hasta llegar a la "contaminación sobrevenida" de un candidato tras ser elegido.

En su intervención en el coloquio de Fórum Europa, Conde-Pumpido ha manifestado que Sortu significa "renacer" y, a su juicio, solo pretende que renazca Batasuna, por lo que se ha mostrado convencido de que el Tribunal Supremo aceptará la petición que la Fiscalía presentará el próximo lunes para que rechace su inscripción en el registro de partidos.

Sortu "no es un partido", sino "el mero intento de aparentar formalmente el cumplimiento de la ley para mantener a la desesperada la presencia de ETA en un horizonte político al que ya sabe que no va a llegar de ninguna manera", ha dicho el fiscal general ante varias decenas de empresarios, políticos y abogados andaluces.

Ha asegurado que existen pruebas documentales de que habrá un "plan B" para incluir a sus candidatos en agrupaciones electorales, pero la Fiscalía tiene ya trabajando a las fuerzas de seguridad para que le informen y poder impugnar esas candidaturas.

Un tercer "plan C" supondría introducirse en un partido legal, pero "también en ese caso estamos actuando" para poder impugnar las listas "infiltradas con una presencia significativa de Batasuna, pertenezcan al partido que pertenezcan", ha explicado el fiscal general.

Ha concluido que existe incluso la posibilidad de una "contaminación sobrevenida" y retirar del cargo a una persona elegida que lleve a cabo "la más mínima acción que ponga de manifiesto su proximidad a la banda ilegal terrorista".

Conde-Pumpido ha asegurado que la Fiscalía "ha llegado hasta el final en la lucha contra la violencia terrorista y contra todo lo que la hace posible", impugnando centenares de candidaturas en distintos procesos electorales y, como ocurrió con ANV, elaborando "complejas argumentaciones jurídicas con las que llenar un vacío normativo".