Confirmación del suicidio de Allende cierra un capítulo en la historia de Chile

La confirmación científica de que el presidente chileno Salvador Allende se suicidó el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet, contribuyó hoy a cerrar un emblemático capítulo de la historia de Chile.

El Servicio Médico Legal (SML) de Chile difundió hoy el resultado de un informe científico, encargado por la Justicia, que concluye que el presidente se quitó la vida durante el bombardeo de La Moneda, tal y como sostenía la versión más conocida, defendida también por su familia.

"La conclusión es la que la familia Allende tenía. Es decir, el presidente Allende, el día 11 de septiembre de 1973, ante las circunstancias extremas que vivió, tomó la decisión de quitarse la vida antes de ser humillado o vivir cualquier otra situación", dijo su hija, Isabel Allende.

La senadora socialista, acompañada de su hermana Carmen Paz, de su sobrina, Maya Fernández, y de la abogada Pamela Pereira, hizo estas declaraciones tras recibir el resultado de los exámenes realizados al cadáver de su padre, exhumado el pasado 23 de mayo.

Isabel Allende agradeció el trabajo de los expertos y dijo que la conclusión ratifica "la dignidad del gesto del presidente" y tranquiliza a la familia, que siempre creyó en la versión de los médicos que vieron que Allende estaba solo en su despacho en el momento de su muerto.

Frente a esta versión, habían aparecido otras hipótesis que sugerían que el gobernante de la Unidad Popular (1970-1973) pudo ser asesinado por los golpistas o que falló al suicidarse y tuvo que ser rematado por uno de sus propios colaboradores.

El documento también fue entregado al juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza, encargado de la investigación judicial, quien ahora deberá estudiarlo y cotejarlo con otras diligencias que ordenó de forma paralela.

Este informe, de más de cien páginas, fue elaborado por el SML y cinco expertos extranjeros, con la colaboración de la Policía de Investigaciones, y su conclusión fue "unánime", aseguró el director del organismo, Patricio Bustos.

Los especialistas descartaron la participación de terceros e indicaron que solo se halló un orificio de entrada.

"Estamos en condiciones de poder asegurar que se trata de una muerte violenta de explicación médico legal suicida, y para ello no tenemos absolutamente ninguna duda", aseguró el experto español Francisco Etxevarría.

Según este tanatólogo, "la lesión que existe en el encéfalo se produjo como consecuencia de un disparo con arma de fuego, con un fusil que estaba prácticamente apoyado en la mandíbula, en la parte inferior, en el mentón".

En tanto, el perito balístico británico David Pryor corroboró que el arma empleada fue el fusil AK-47, regalo del líder cubano Fidel Castro, cuyo rastro se perdió tras el golpe.

Pryor explicó que "hay evidencia de dos balas", ambas percutidas en un mismo movimiento, pues el arma estaba en posición automática, que permite disparar varias balas por segundo.

"Hay dos cartuchos de la misma arma, pero solo se encontró una bala. No tenemos ninguna pista de dónde está la segunda", precisó.

Para elaborar este informe, los expertos verificaron primero, a través de exámenes genéticos y de odontología forense, que los restos exhumados del Cementerio General de Santiago correspondían efectivamente al malogrado gobernante.

Después se certificó la causa del fallecimiento, que como ya se sabía es herida de proyectil, y la forma de muerte, que "corresponde a un suicidio", y por último se incorporaron las circunstancias del deceso, en medio del bombardeo a La Moneda, indicó Bustos.

"Se espera que esto sea una etapa importante en la búsqueda de la verdad, como en otros casos de violaciones a los derechos humanos, para dar espacio a la Justicia, que es lo que necesita la sociedad chilena", concluyó el director del SML.

Al proceso asistió como observador, a petición del Gobierno chileno, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que validó "completamente y con total certeza la calidad de este proceso", dijo su representante, Felipe Donoso.

El juez citó a declarar en las últimas semanas a varios oficiales de la Fuerza Aérea para averiguar el nombre de los pilotos que bombardearon La Moneda.

Con estas diligencias y el informe entregado hoy, el juez deberá establecer la verdad judicial que cerrará uno de los episodios más cruentos de la historia del país, que 38 años después aún continuaba sumido en las dudas.

La investigación de la muerte de Allende, que conduce el juez Mario Carroza, se enmarca en la presentación de 726 querellas por casos de violaciones a los derechos humanos que nunca antes habían sido investigadas por Justicia.