La Comisión de Justicia del Congreso tiene previsto aprobar hoy las primeras medidas pactadas por los grupos parlamentarios para agilizar y mejorar la Administración de Justicia incluidas en el proyecto para implantar la nueva Oficina Judicial, que hace seis meses fue aprobado por el Consejo de Ministros.

Este será el primer paso para que las reformas procesales para modernizar la Justicia puedan ver la luz y que se cumpla así la previsión del Gobierno para que la nueva Oficina Judicial comience a funcionar el 1 de enero de 2010.

No obstante, hoy la Comisión de Justicia sólo aprobará, con competencia legislativa plena, las reformas de carácter ordinario, que no necesitan ser aprobadas por mayoría absoluta en el pleno.

El resto de las medidas, entre ellas las relativas a la limitación de la aplicación de la jurisdicción universal o algunas de las mejoras laborales que reclamaban los jueces, se aprobarán en el pleno del 25 de junio, ya que requieren la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, por tanto, el respaldo de la la mayoría absoluta del Congreso.

Las medidas que hoy se debatirán en la Comisión de Justicia son en su mayoría mejoras técnicas del proyecto, aunque también se debatirán algunas nuevas enmiendas que los grupos han consensuado durante el trámite de Ponencia.

Una de ellas hace incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de procurador y abogado, mientras que también se ha previsto que se permita a los graduados sociales interponer recursos de súplica ante el Tribunal Supremo sin la intervención obligatoria de un letrado en ese trámite.

Sin embargo, las reformas que recogen algunas reivindicaciones de los jueces, y que afectan a la potestad para fijar los señalamientos de los juicios, la supresión del traslado forzoso por ascenso, la creación del juez de adscripción territorial o las medidas para favorecer la conciliación familiar, tendrán que esperar al pleno de la próxima semana para recibir el visto bueno del Congreso.

Igualmente ocurrirá con la iniciativa pactada por la mayoría de los grupos parlamentarios para limitar la aplicación de la jurisdicción universal a los casos en los que las víctimas sean españolas o el delito se haya cometido en España, y con la enmienda que establece el pago de un depósito previo a la interposición de un recurso ante los tribunales.