El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves la reforma de la Ley de Extranjería que, entre otros cambios, amplia de 40 a 60 días el periodo de tiempo que un inmigrante puede permanecer privado de libertad mientras espera la ejecución de su expulsión.

El hemiciclo dio luz verde a la nueva norma, su cuarta reforma, con 180 votos a favor, 163 en contra y 3 abstenciones, gracias al apoyo del PSOE, de CiU y de Coalición Canaria.

Según el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, con esta ley se avanza en el doble reto de España: apostar por una inmigración regular y legal y por un proyecto decidido de integración.

Además de la ampliación del tiempo de detención previo a la expulsión, establece también cambios en el derecho a la reagrupación familiar, excluyendo a los familiares ascendentes menores de 65 años.

Asimismo, se avanza en la protección de la inmigrante maltratada y se refuerzan las competencias autonómicas en el campo de la extranjería. En este sentido, las Comunidades Autónomas podrán conceder permisos iniciales de trabajo o residencia dentro de su territorio.

Este reconocimiento de competencias resultó fundamental para que el Gobierno obtuviera el apoyo necesario de CiU para sacar adelante el proyecto. Sin embargo, para el PP, supone un cambio que carece de "encaje constitucional". Su portavoz Antonio Hernando calificó la reforma de "parcial y chapucera".

Mientras el hemiciclo debatía el contenido final de esta norma, fuera del Congreso de los Diputados se reunieron representantes de más de 50 ONG para mostrar su rechazo a la ley que estaba siendo aprobada y que calificaron de "inhumana".