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El Congreso aprueba la reforma con la que Caamaño quiere transformar la Justicia

EFE

El pleno del Congreso ha aprobado hoy por unanimidad la reforma procesal para la implantación de la nueva oficina judicial que, según ha asegurado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, permitirá igualar la Administración de Justicia a otros servicios públicos avanzados.

Caamaño ha agradecido a los grupos parlamentarios el consenso que se ha alcanzado para lograr, ha dicho, que España cuente desde hoy con el marco legal necesario para hacer real un servicio público de la Administración de Justicia moderno, tecnológicamente avanzado y que se preste en plazos razonables.

El ministro de Justicia ha indicado que esta reforma, que afecta a 16 leyes ordinarias y 4 orgánicas- estas últimas aprobadas por mayoría absoluta-, se ha realizado a partir de una voluntad de acuerdo de los grupos parlamentarios que han dado prioridad a los intereses de los españoles sobre los legítimos intereses de los partidos.

Además de medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los magistrados, la reforma elimina el traslado forzoso por ascenso en la carrera judicial, crea los jueces de adscripción territorial y equipara el régimen de vacaciones de los magistrados al del resto de los funcionarios públicos.

También se establece el pago de un depósito previo a la interposición de un recurso, con el doble fin de evitar dilaciones innecesarias de los procesos y además conseguir una recaudación adicional para la modernización de la Administración de Justicia.

El ministro ha recordado que además de consensuarse entre los grupos, por primera vez en la historia de la democracia, asociaciones de jueces y fiscales, secretarios judiciales y otros sectores relacionados con la Justicia han sido oídos por el Congreso.

Para el portavoz del grupo socialista Julio Villarrubia, hoy, "por fin" se han sentado las bases de la justicia del siglo XXI, por lo que ha felicitado al Gobierno y a los grupos parlamentarios.

La reforma aprobada se trata, en opinión de Villarrubia, del punto de partida "sin marcha atrás" hacia la Justicia "que merecen" los españoles.

La portavoz del PP, Dolors Monserrat, ha asegurado que el gobierno socialista "dejó en blanco" la Justicia durante una legislatura entera y fue incapaz de poner en marcha la oficina judicial y ahora, ha señalado, "hemos sido capaces de hacer en un tiempo récord lo que debimos hacer hace seis años".

El PP, ha dicho Monserrat, está "donde siempre estuvimos: dispuestos a sacar adelante de la justicia de nuestro país".

Monserrat que ha indicado que la reforma de la legislación procesal "es solo el inicio de la implantación de la oficina judicial", ha criticado también durante su intervención el presupuesto destinado a la Justicia para 2010.

Jordi Jané, portavoz de CiU, ha felicitado también al ministro de Justicia por el consenso alcanzado aunque ha expresado sus discrepancias con la regulación de los depósitos que exige la ley para presentar un recurso, punto que ha considerado que puede ser inconstitucional ya que, ha dicho, vulnera competencias autonómicas.

También ha considerado que supondrá una mejora para la Administración de Justicia el portavoz de ERC, Joan Ridao, quien ha indicado no obstante que su satisfacción ante esta reforma no es completa ya que no han sido admitidas algunas de sus enmiendas sobre lenguas cooficiales, los Tribunales Superiores de Justicia o la creación de cuerpos autonómicos de secretarios judiciales, entre otras.

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