El Congreso en bloque reclama que los astilleros no tengan que devolver las ayudas

Todos los grupos parlamentarios del Congreso suscribieron este martes una iniciativa parlamentaria en la que reclaman que los astilleros españoles no tengan que devolver los 2.000 millones en ayudas fiscales a la construcción naval (la conocida como tax lease) que concedió el Gobierno español entre 2002 y 2011, e instaron al Ejecutivo a que pida a las instituciones europeas que reconsidere esta propuesta.

Se trata de una proposición no de ley que han firmado PP, PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV, UPyD y el Grupo Mixto. Todo los grupos insisten en que la devolución llevaría "directamente a la ruina" a este sector "vital" para España y supondría un "grave trato discriminatorio" con respecto a Francia", a quien se eximió de dicho reintegro.

El consenso de todos los grupos parlamentarios se suma a la unidad mostrada ya por el Gobierno central, las comunidades autónomas más afectadas por la propuesta, la patronal del sector y los sindicatos, que la semana que viene se reunirán con Joaquín Almunia, comisario europeo de la Competencia, que es quien debe decidir si esa exenciones fiscales son ayudas directas del Estado —en cuyo caso los astilleros tendrían que devolver el dinero— o no.

El Ejecutivo comunitario tiene previsto adoptar su decisión final el 17 de julio. Soria y los presidentes de País Vasco, Galicia y Asturias firmaron ayer una declaración conjunta para solicitar una reunión con Almunia antes del 4 de julio para que "reconsidere" la devolución de los tax lease o bonificaciones fiscales aplicadas en el sector naval español entre 2005 y 2011 y antes de que esta cuestión llegue al Colegio de Comisarios europeo el próximo 17 de julio, un encuentro también con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

Almunia: "Haríamos un mal servicio a la UE si pensamos más en los intereses de un país, sea el nuestro o sea otro"

Almunia dijo este lunes que no puede "perdonar" a España la recuperación de las ayudas públicas concedidas en el marco del tax lease porque estaría violando la legislación de la UE. "Jurídicamente, no se puede perdonar", aseguró. "Nosotros existimos y estamos aquí para hacer valer el interés general europeo, no dependemos de ningún país, no podemos recibir instrucciones de ningún país", sostuvo Almunia al ser preguntado por la petición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que hiciera un "esfuerzo".

"Haríamos un mal servicio a la UE si pensamos más en los intereses de un país, sea el nuestro o sea otro, que en los intereses del conjunto y, desde luego, no seríamos comisarios ni un día más si no respetamos nuestras propias normas jurídicas", insistió.

Almunia sostiene igualmente, en contra de las acusaciones del Gobierno, que no está tratando a España peor que a Francia. "Desde la aprobación del sistema español en 2002 hasta mitad del 2005 no pedimos la devolución de ayuda porque tampoco se le pidió a Francia por ese periodo", explicó Almunia. "Estamos dando exactamente el trato que recibió Francia".

Finalmente, el comisario Almunia insiste en que no son los astilleros sino los inversores y los armadores los que deberán devolver las subvenciones. Almunia ha explicado además que los contratos con inversores o armadores que trasladan la responsabilidad a los astilleros "no existen jurídicamente" puesto que vulneran las normas de la UE.

En la presentación de la proposición no de ley, el diputado del PP Celso Delgado Arce subrayó que el sector naval emplea a 87.000 personas que corren el riesgo de perder su trabajo si se cumple esta propuesta avanzada hace unos días por el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia. "Estamos a tiempo de que la Comisión recapacite", señaló Delgado, diputado gallego que ha puesto en valor la unidad de todas las administracones, los agentes sociales y las fuerzas políticas ante este problema.

La diputada socialista asturiana María Luisa Carcedo recordó que el sector naval es una "base importantísima" del sistema productivo español no sólo por el empleo directo que genera, sino también por el indirecto, que la convierte en "fuente" de actividad económica en los sectores en los que se asienta.

Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, insistió por su parte en que lo que aquí se reivindica es una "solución europea" que beneficie a toda la UE, porque la propuesta de la Comisión sólo beneficiaría a países terceros, sobre todo de Asia, y acabaría con la industria naval del viejo continente.

"Demandamos del comisario europeo que aplique un criterio de interés general, porque no hay ningún interés contradictorio entre el comunitario y el de un estado miembro", señaló mientras el diputado de IU Gaspar Llamazares.

Pese a valorar todos el consenso para este reclamo, algunos portavoces recordaron que este problema "viene de lejos", como apuntó la diputada del BNG Rosana Pérez, para quien el Gobierno tiene ahora que poner "todo su empeño" en una cuestión "absolutamente vital" para un territorio como Galicia.

También Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, recordó que el problema se remonta a 2006, cuando ya la Comisión advirtió de que podría haber problemas con dichas ayudas.