El Congreso ha convalidado el decreto aprobado el pasado 18 de enero que permite que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pueda tener una participación superior al 50 % de la Sareb, creada tras el rescate financiero para dar salida a los activos tóxicos de la banca.

En la votación de esta tarde, el decreto ley ha salido adelante con una amplía mayoría de 268 votos a favor, 53 en contra y 28 abstenciones, con el respaldo del PSOE, el PP y Unidas Podemos, la abstención de los socios de Gobierno ERC y EH Bildu, y el rechazo de Vox.

De esta forma, se ha abierto la puerta a tomar el control de la compañía creada en 2012 para sanear los balances bancarios y gestionar y liquidar los créditos e inmuebles de las entidades sujetas a restructuración como consecuencia de la crisis financiera.

El decreto aprobado en Consejo de Ministros permite que el FROB pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales sin la necesidad de que la Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal.

De este modo, el Estado podrá aumentar su participación en la Sareb a costa de que el resto de accionistas, entre ellos la mayoría de bancos, reduzcan su peso en el capital de la sociedad, algo que podría hacerse por un precio simbólico dado que las entidades han ido provisionando el deterioro de su inversión.

Actualmente, el FROB es el principal accionista con un 45,9% de la Sareb, seguido por el Banco Santander, que posee un 22,21%; CaixaBank, el 12,24%; Sabadell, el 6,61%; Kutxabank, el 2,53%; Ibercaja Banco, el 1,43% y Bankinter, un 1,37%, entre otros.

Durante el debate parlamentario desarrollado este jueves, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido la iniciativa, ya que "estamos ante una nueva realidad económica y contable que hasta ahora no se había reflejado en la Sareb, porque el Estado no tenía el control y eso había que reflejarlo".

No se puede permitir, ha dicho Calviño, que decisiones que afectan a las cuentas públicas "se tomen por personas ajenas".

La ministra ha explicado que la Sareb estará sujeta a las directrices del sector público en lo relativo a remuneraciones, y se exigirá a los directivos requisitos de honorabilidad y experiencia; en cuanto a los consejeros, estarán supervisados por el Banco de España.

La comisión rectora del FROB, por su parte, será la que decida sobre sus participaciones.

Por lo que respecta a la optimización del valor de los activos de la Sareb, Calviño ha dicho que "debe acometerse no sólo desde el punto de vista económico sino social"; de ahí que se considere la posibilidad de enajenación de activos, estrategias de cesión de muebles a entidades "públicas o no lucrativas".