El pleno de la Cámara Baja aprobó el jueves el dictamen de la reforma de la ley del aborto, que liberaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas y establece en los 16 años la mayoría de edad para abortar.

La votación, con 184 votos a favor, 158 en contra y 2 abstenciones, envía al Senado el proyecto de ley para que allí siga su tramitación.

El Gobierno logró sacar adelante el texto gracias al apoyo del PSOE, el PNV, ERC, BNG, IU, ICV y NaBai, mientras que el PP, parte de CiU, UPN y UPyD votaron en contra.

Durante la tramitación en el Congreso, se han introducido enmiendas a un proyecto polémico, entre ellas la acordada para que las jóvenes de 16 años informen a al menos uno de sus progenitores de su decisión de abortar.

"Es una ley más equilibrada, que pone límites donde no los hay y que ofrece mayores garantías jurídicas tanto para las mujeres como para los profesionales", dijo la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que considera que esta norma equipara a España con el resto de países europeos.

El dictamen aprobado, que ahora se votará en los plenos del Congreso y del Senado, establece ciertas excepciones a la obligatoriedad de que las chicas comuniquen su decisión a sus progenitores. La menor podrá abortar sin el conocimiento de sus padres cuando pudiera suponerle un peligro cierto de violencia familiar, amenazas, malos tratos, desarraigo o coacción.

En este sentido, la portavoz socialista Carmen Montón aseguró que, con esta excepción, se ha sido "valiente" y se ha reconocido "lo obvio", es decir, "que lo hará igualmente en las condiciones que sea".

Aún así, Montón destacó que el objetivo de los impulsores de esta reforma es que, cada vez, menos mujeres tengan que abortar.

"Que las que decidan interrumpir su embarazo lo hagan con más información, más garantías, más protección y más seguridad", añadió.

El Partido Popular, por su parte, decidió cambiar a su portavoz Sandra Moneo por el diputado Santiago Cervera, que suavizó el discurso emitido por su compañera de partido en el último pleno. Cervera acusó al Gobierno de haber tramitado la ley sin buscar el consenso real en el plano político, ni en el social, ni en el de los profesionales y personas directamente implicadas.

"Esta es hoy una ley de unos contra otros, de nuevo una ley del mínimo parlamentaria", dijo Cervera.

Los grupos de izquierdas dieron su apoyo al dictamen. Aún así, Gaspar Llamazares, diputado de IU, no cerró la puertas a mejorar el texto en un futuro. Aprovechó para acusar a los sectores más conservadores de pretender vincular "pecado" con "delito".

Asimismo, el texto aprobado supone el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios relacionados directamente con la práctica del aborto, aunque esta intervención deberá garantizarse en todas las CCAA.