El Congreso pide que se retiren los símbolos franquistas que aún quedan en la Administración

La Comisión Constitucional ha votado hoy una proposición sobre un incumplimiento: retirar todos los símbolos franquistas que todavía 'decoran' bastantes dependencias de la Administración, según establece el artículo 15 de la conocida como Ley de Memoria Histórica.

El águila franquista de gran tamaño que preside la sede de la Capitanía General situada en Barcelona. es solo un ejemplo.

La proposición no de ley, presentada por ERC-IU-ICV,  ha salido adelante después de que se aceptase una enmienda del PSOE en la que se recuerda que el Gobierno ha recorrido ya "con celeridad" un largo camino para cumplir la Ley de Memoria Histórica, pero considera que no se puede "encorsetar" esta labor en un plazo determinado.. La iniciativa ha contado con el apoyo de CiU.

El diputado socialista ha asegurado que en tres meses habrá desaparecido cualquier símbolo franquista en las dependencias de Defensa de Barcelona.

Jorge Fernández Díaz, del PP, se ha mostrado en contra de esta iniciativa y también de la enmienda del PSOE, puesto que, según ha dicho, reproduce casi de forma literal uno de los artículos de la Ley de Memoria Histórica y "por coherencia" con el rechazo de su grupo a esta norma ha mostrado igualmente su rechazo.

La jornada también ha servido para que PSOE y PP unieran sus votos para rechazar una proposición no de ley de CiU que pedía restituir o compensar a los propietarios de empresas editoras de periódicos cuyas cabeceras y material fueron incautados por el franquismo.

Fue el caso de la Sociedad Editora Universal, empresa que publicaba periódicos como el Heraldo de Madrid, El Liberal (Madrid, Sevilla y Murcia), El Defensor o La Moda Práctica, según recordó el diputado de CiU Jordi Xuclà, quien señaló que durante la posguerra el régimen franquista expolió aquellas cabeceras que habían tenido una trayectoria democrática y liberal antes del conflicto bélico.

CiU proponía restituir a los perjudicados o, en su caso, a sus herederos, los importes de los bienes incautados por la dictadura, actualizando las sumas en razón del tiempo transcurrido desde la efectiva incautación y prever la exención a nivel impositivo del importe económico de las restituciones que procediese por las incautaciones.