El Congreso pide por unanimidad un acuerdo social en Justicia abierto a todos

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy por unanimidad una propuesta de Convergencia i Unió, enmendada por el PSOE, que declara urgente impulsar un acuerdo social en materia de Justicia, que englobe al conjunto de los grupos parlamentarios y facilite el consenso con el Gobierno y todos los agentes jurídicos.

La iniciativa era una de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios a las Memorias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los años 2005, 2006 y 2007, entre las que se ha rechazado la pretensión del PP de instar al CGPJ a sancionar "con la máxima contundencia y severidad" las conductas de los jueces merecedoras de responsabilidad disciplinaria.

Durante el debate, el diputado 'popular' Vicente Ferrer ha defendido que uno de los principales problemas de la Justicia es la politización y la falta de independencia.

Sin aludir directamente a la actuación del juez Baltasar Garzón en el "caso Gürtel", Ferrer ha puesto como ejemplo la actitud de algunos jueces que "han visto una vía hacia la notoriedad y la prosperidad", tras lo que ha añadido que "el árbitro nunca puede ser el protagonista del partido" y que si es así "algo huele a podrido en Dinamarca".

No obstante, sí se ha aprobado una propuesta del PP, también con una enmienda del PSOE, que insta al CGPJ a basar la política de nombramientos en los principios de mérito y capacidad, y reclama el respeto a la igualdad en el derecho de acceso de las mujeres a altos puestos de la carrera judicial.

El Congreso ha aprobado también todas las resoluciones de CiU, entre ellas la que pedía un "Pacto de Estado" en Justicia, y que se ha aprobado finalmente con una enmienda del grupo socialista que sustituye el nombre de pacto por el de acuerdo social, coincidiendo así con la oferta que el ministro Francisco Caamaño ya realizó en su primera comparecencia en el Congreso.

Partiendo de un diagnóstico común de que existe una insatisfacción general con la Justicia, el grupo parlamentario catalán insta a que ese acuerdo, en el que deben participar todas las fuerzas políticas, el Gobierno, las CCAA, el CGPJ, las asociaciones de jueces y el resto de agentes implicados, se materialice en un calendario con un programa de actuación y una inversión concreta.

"Debemos realizar ese gran acuerdo social en materia de Justicia, entendemos que no sobra nadie, por eso CiU llama a todos", ha señalado durante el debate el diputado del grupo catalán Jordi Jané. En el resto de las resoluciones de Convergencia i Unió aprobadas se apela al desarrollo de las medidas previstas en materia de Justicia por los nuevos estatutos de autonomía, tales como otorgar a los Tribunales Superiores las nuevas competencias de casación o la creación de los Consejos de Justicia autonómicos, y se pide un impulso a la normalización lingüística en este ámbito.

El Congreso también ha aprobado las resoluciones del PSOE que, entre otras cosas, insta al órgano de gobierno de los jueces a favorecer las comparecencias de su presidente y los vocales ante la Cámara Baja y a reflejar en sus memorias anuales de manera "exhaustiva y transparente" la información de los expedientes disciplinarios y las causas de su archivo.